Tras el histórico juicio de Napalpí, Chaco va por la verdad sobre la Masacre de El Zapallar
La Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco y el Instituto del Aborigen Chaqueño formalizaron su participación en la causa penal que investiga la matanza de 50 integrantes del pueblo Moqoit ocurrida en 1933. Al igual que con el histórico caso de Napalpí, el objetivo es el reconocimiento histórico y la reparación simbólica.
El Gobierno del Chaco dio un paso clave en materia de reparación histórica y derechos humanos. Este lunes, el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, junto al presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Florencio Díaz, anunciaron la presentación formal del Estado provincial y del organismo indígena como querellantes en la causa que investiga la Masacre de El Zapallar, perpetrada en el año 1933 en la localidad que hoy se conoce como General San Martín.
Un hecho nefasto de nuestra historia
El subsecretario Hugo Maldonado calificó el acontecimiento histórico como «nefasto» y detalló el contexto en el que se produjo la matanza de aproximadamente 50 personas pertenecientes al pueblo Moqoit.
«En 1933, un grupo de ciudadanos que vivían en la reducción de Napalpí se trasladó hacia General San Martín en busca de trabajo y alimento, debido a una gran sequía que azotaba la región. Esto produjo la movilización de algunos ciudadanos criollos o blancos que denunciaron sucesivos abigeatos. Como consecuencia, la policía y la Gendarmería Nacional produjeron una matanza», relató el funcionario.
Maldonado explicó que la causa judicial se encuentra en sus instancias iniciales, habiéndose celebrado una primera reunión informativa hace un mes en San Bernardo, donde comenzaron a recepcionarse los testimonios de los familiares, fundamentales gracias a la preservación de la memoria oral en las comunidades indígenas.
Al ser consultado sobre el espíritu de la presentación judicial, el titular de Derechos Humanos aclaró de forma taxativa que la provincia no busca un resarcimiento financiero. «No hay planteo de resarcimiento económico. Buscamos estrictamente Verdad y Justicia», subrayó, equiparando este proceso al histórico juicio por la Masacre de Napalpí, el cual finalizó con una condena al Estado nacional y provincial como responsables de crímenes de lesa humanidad.
En ese sentido, Maldonado recordó que el Ejecutivo continúa trabajando activamente en el cumplimiento de las mandas judiciales de la sentencia de Napalpí. Entre las acciones programadas para este año, adelantó que el próximo 19 de mayo se inaugurará una obra de señalización sobre la Ruta Nacional N° 16, en el acceso a Napalpí, y se presentará la traducción oficial del fallo judicial a las lenguas Moqoit, Qom y Wichí.
Respaldo y articulación de las comunidades
Por su parte, el presidente del IDACH, Florencio Díaz, celebró la decisión política y la articulación legal entre el área de Derechos Humanos y el instituto para el inicio formal de este proceso.
Díaz, quien se expresó tanto en castellano como en su lengua materna (Qom), destacó la trascendencia de que el Estado asuma un rol activo para esclarecer lo sucedido en El Zapallar y llevar una respuesta formal y legal en nombre de los tres pueblos indígenas de la provincia del Chaco.
