Femicidio y parricidio de Etudié: la fiscalía investiga fallas de control interno en la Policía
El imputado ya se reconecta con la realidad en terapia intensiva, pero solo balbuceó al ser notificado del expediente. La fiscal Noelia Benítez unificó las causas y pone la lupa sobre los jefes policiales que le devolvieron el arma reglamentaria pese a sus antecedentes por violencia de género.
En un escenario de extrema gravedad institucional y judicial, la investigación por el doble crimen que conmocionó al Chaco sumó definiciones clave en las últimas horas. El cabo primero de la Policía provincial, Luciano Etudié, acusado de asesinar a su padre y cometer el femicidio de su expareja, comenzó a reconectarse con la realidad en el sanatorio privado donde permanece internado bajo estricta custodia.
Fuentes vinculadas al expediente confirmaron que las autoridades judiciales lograron concretar la lectura formal de la imputación en persona. Si bien el efectivo ya mantiene intercambios con médicos y familiares a través de señas, al momento de ser informado sobre la causa penal en su contra apenas logró emitir balbuceos y no pudo sostener una conversación coherente. Por el momento, no se prevé un alta médica ni su traslado a una dependencia penitenciaria.
Unificación de causas y la hipótesis del raid delictivo
Por disposición de la Procuración General, la fiscal de Investigaciones Noelia Benítez unificó formalmente las causas bajo su órbita para reconstruir de manera integral el raid criminal.
La principal hipótesis judicial sostiene que Etudié habría asesinado primero a su padre, Luciano Alberto Etudié, en una vivienda del barrio Mujeres Argentinas de Resistencia. Posteriormente, se trasladó hasta el paraje Las Tres Bocas, en Puerto Vilelas, donde mantuvo cautivos a su propio hijo y a su expareja, Graciela Mabel López (33), a quien terminó ejecutando frente al operativo policial antes de ser neutralizado por un disparo en la mandíbula efectuado por el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE).
Más allá de la autoría material, la fiscalía avanza sobre una línea de investigación sumamente sensible: determinar qué controles internos fallaron para que un policía con antecedentes psiquiátricos y denuncias por violencia familiar tuviera un arma reglamentaria en su poder.
Uno de los testimonios más impactantes incorporados al expediente fue el del jefe de la Comisaría Cuarta de Resistencia, dependencia donde Etudié prestaba funciones. Al ser consultado por la fiscal Benítez sobre si sabía que el cabo tenía restricciones para el uso de armas, el comisario respondió de forma contundente: «No estaba al tanto».
Esta declaración expuso una alarmante falta de comunicación interna, dado que días atrás el propio jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, había reconocido públicamente que Etudié fue denunciado en 2025 por amenazas contra otra expareja. Aquel episodio derivó en un sumario administrativo, la retención preventiva de su pistola y un tratamiento psicológico obligatorio de cuatro meses. Sin embargo, tras recibir el alta médica, la fuerza decidió devolverle el arma. La fiscalía busca ahora establecer quiénes firmaron esa autorización y si se ignoraron alertas previas.
Mensajes de alerta y testimonios clave
La reconstrucción de las horas previas al femicidio sumó un testimonio fundamental. En las últimas jornadas declaró un amigo cercano de Graciela López, quien recibió un mensaje alarmante por parte de la víctima poco antes del desenlace fatal.
Según fuentes judiciales, este hombre fue quien dio aviso inmediato al servicio de emergencias 911, lo que desencadenó el desesperado operativo en Puerto Vilelas. Para la fiscalía, esta declaración es clave para acreditar el contexto de violencia y el estado de indefensión de la mujer.
Expulsión inminente y pérdida de cobertura médica
En paralelo al carril penal, el frente administrativo interno avanza con rapidez. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que un informe disciplinario exprés podría acelerar la desvinculación formal de Luciano Etudié de la Policía del Chaco.
Esta exoneración de la fuerza tendría un impacto inmediato en su situación actual: al perder el estado policial, el imputado quedaría privado de la obra social de la institución, la cual solventa los elevados costos de la internación en terapia intensiva que requiere actualmente.
