El Gobierno endurece la presión sobre la AFA y la Superliga
El Gobierno nacional mantiene abierta la disputa con las entidades del fútbol argentino y analiza avanzar con nuevas medidas administrativas contra la Superliga Argentina, mientras aguarda una resolución judicial relacionada con la veeduría dispuesta sobre la Asociación del Fútbol Argentino.
Según trascendió desde el entorno oficial, en el Ministerio de Justicia consideran que la situación de ambas entidades es diferente, principalmente porque la AFA, presidida por Claudio Tapia, mantiene una apelación en trámite ante la Justicia civil.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que el Gobierno esperará la resolución de la Cámara antes de avanzar con posibles sanciones o apercibimientos administrativos contra la entidad madre del fútbol argentino.
En paralelo, desde la Casa Rosada sostienen que la Superliga solamente expresó su rechazo a la veeduría impulsada por la Inspección General de Justicia, planteo que, según versiones oficiales, ya habría sido desestimado por el organismo.
Ante este escenario, el oficialismo busca mantener activa la vía administrativa y no descarta adoptar nuevas medidas en los próximos días. “La semana que viene seguramente prosigamos con alguna medida según requieran los veedores”, señalaron fuentes cercanas al Gobierno.
Las facultades de la IGJ
La Inspección General de Justicia cuenta con atribuciones para fiscalizar asociaciones civiles y fundaciones, supervisar su funcionamiento institucional y actuar frente a eventuales irregularidades.
La Ley 22.315 habilita al organismo a investigar denuncias, asistir a asambleas, convocarlas y aplicar sanciones ante incumplimientos o impedimentos en las tareas de fiscalización.
Entre las herramientas disponibles figuran las intimaciones formales para solicitar documentación y garantizar el acceso de los veedores designados.
Además, en casos de incumplimiento, la IGJ puede aplicar multas, apercibimientos y otras sanciones administrativas. El monto máximo de las multas fue actualizado mediante el Decreto 609/2024 y actualmente alcanza los 8 millones de pesos.
La normativa también contempla medidas más severas en situaciones consideradas graves, como la declaración de irregularidad administrativa de actos institucionales o incluso la solicitud de intervención de una asociación civil.
Expectativa judicial
Mientras espera la resolución sobre la apelación presentada por la AFA, el Gobierno continúa monitoreando la situación de las entidades vinculadas al fútbol argentino y mantiene la presión mediante requerimientos administrativos.
Desde el Ministerio de Justicia también siguen de cerca si la Superliga decide avanzar judicialmente o mantener el conflicto en el plano administrativo. “Es un proceso largo”, reconocieron fuentes oficiales sobre la disputa que mantiene en tensión al Ejecutivo y a las autoridades del fútbol argentino.
