Planteo directo a Peche: San Martín exige respetar los derechos adquiridos de las 238 familias adjudicatarias
En un encuentro con el ministro de Gobierno del Chaco, Carim Peche, el intendente de General San Martín, Mauro Leiva, y el diputado nacional Aldo Leiva fijaron una postura determinante en defensa de 238 familias de la localidad. Los dirigentes calificaron cualquier intento de revisión de las adjudicaciones como un «avasallamiento inadmisible» de derechos legítimamente adquiridos.
La postura planteada ante el Ejecutivo provincial no fue una acción aislada, sino «el reflejo de un bloque institucional sólido», indicaron, que incluye al diputado provincial Rubén Guillón; el Concejo Municipal, encabezado por su presidenta Silvana Cabrera; y el cuerpo orgánico del Partido Justicialista.
Leer también: «Viviendas sin lapicera política»: el presidente del Ipduv ratificó el nuevo sorteo de viviendas en San Martín
Este frente exige «el cumplimiento irrestricto de la resolución original que otorgó las viviendas», sosteniendo que no se trata de una «discusión administrativa», sino de la «protección de la seguridad jurídica» de los vecinos.
Durante la reunión, el diputado Aldo Leiva denunció que existe un esquema de restricciones que llega al extremo de impedir reuniones informativas en el barrio con los adjudicatarios, lo que calificó como «una vulneración de derechos básicos que profundiza la incertidumbre».
Por su parte, el intendente Mauro Leiva advirtió sobre un clima de presión injustificado incompatible con el Estado de derecho. Asimismo, se expuso un argumento central para exigir igualdad ante la ley: «la resolución que hoy se intenta cuestionar es la misma mediante la cual el actual presidente del Instituto de Vivienda accedió a su departamento en Resistencia», sostuvieron.
Desde la dirigencia de General San Martín el mensaje fue categórico: «el único camino posible es el cumplimiento de la norma original». Los referentes locales asumieron el compromiso de sostener esta lucha en todos los ámbitos necesarios hasta que las 238 familias obtengan una solución justa y definitiva.
