La Corte Suprema frenó una millonaria demanda ambiental contra Vaca Muerta
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una demanda colectiva por presunto daño ambiental contra empresas petroleras que operan en Vaca Muerta, al considerar que no se presentaron pruebas suficientes para demostrar contaminación interjurisdiccional derivada de la actividad hidrocarburífera.
La acción judicial había sido impulsada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra firmas como YPF, Chevron, Pan American Energy, Pluspetrol, Total Austral, Vista Oil & Gas y Pampa Energía, entre otras compañías que desarrollan actividades en la Cuenca Neuquina.
En el expediente también participaron el Estado nacional y las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Neuquén.
En su resolución, el máximo tribunal sostuvo que la demanda presentaba “vaguedad e imprecisión” respecto de los supuestos daños ambientales denunciados. Los jueces entendieron que la presentación se basó principalmente en hipótesis generales y no en pruebas técnicas concretas que permitieran identificar contaminación específica sobre recursos compartidos entre distintas jurisdicciones.
Según el fallo, la asociación pretendía que las pericias judiciales determinaran posteriormente dónde se encontraban los focos de contaminación y qué grado de responsabilidad correspondía a cada empresa involucrada.
Los magistrados remarcaron además que, en resoluciones previas, ya se había solicitado la incorporación de estudios ambientales y evidencias técnicas que acreditaran una posible afectación interjurisdiccional. Sin embargo, consideraron que la denuncia se limitó a planteos genéricos sobre contaminación de suelos, agua y aire en toda la Cuenca Neuquina.
La demanda buscaba que las petroleras implementaran medidas de recomposición ambiental, crearan un fondo especial de restauración y adoptaran acciones preventivas frente a posibles daños derivados de la explotación en Vaca Muerta.
Finalmente, la Corte concluyó que no estaban dadas las condiciones para avanzar en una nueva etapa del proceso judicial debido a la falta de identificación concreta de un daño ambiental colectivo susceptible de reparación.
os quedaron a disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña.
