El Gobierno busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal
Diputados oficialistas y aliados presentaron una iniciativa para dar de baja la norma sancionada en 2021. En paralelo, el Ministerio de Desregulación prepara un proyecto propio que apunta a alinear el sistema argentino con los estándares productivos de la región.
El Gobierno nacional impulsa un giro rotundo en la política de consumo y alimentación saludable al buscar la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal. La norma, sancionada en 2021, obliga a las empresas alimenticias a colocar octógonos negros en los envases para advertir sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías en los productos procesados. Mientras bloques oficialistas ya presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para dejarla sin efecto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado trabaja en una propuesta paralela orientada a unificar los parámetros con el Mercosur.
La iniciativa parlamentaria lleva la firma de los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza). Según los autores, la ley actual no cumplió con sus objetivos sanitarios primarios a más de cuatro años de su implementación. Sostienen, además, que responde a un diseño técnico que genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación de los alimentos por parte de las marcas y funciona como un obstáculo para el comercio y la inversión.
Cuestionamientos al sistema de la OPS y costos para las Pymes
Uno de los principales ejes del debate se centra en el perfil nutricional que adoptó la normativa argentina, basado en los criterios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este mecanismo no mide la cantidad absoluta de nutrientes por cada 100 gramos de producto, sino su proporción sobre el total de calorías del alimento. Los legisladores definen ese sistema como «umbrales móviles» y lo señalan como el origen de severas distorsiones comerciales; ejemplifican que un producto con un solo gramo de edulcorante recibe idéntica advertencia restrictiva que otro que posee veinte gramos.
Por otra parte, los fundamentos del proyecto argumentan que la convivencia de cuatro sistemas de etiquetado distintos dentro del bloque regional encarece significativamente la producción. Cada país exige envases, fórmulas y líneas de producción diferenciadas, con costos adicionales que recaen sobre todo en las pymes exportadoras y terminan trasladándose al precio del consumidor final. En este sentido, proponen avanzar hacia el esquema de Brasil, Chile y Uruguay, que aplican perfiles basados en umbrales fijos (cantidades absolutas cada 100 gramos), lo cual consideran más claro y previsible.
Los puntos clave que entran en discusión
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, actualmente vigente en el país, contempla restricciones que van más allá del diseño de los paquetes. El oficialismo busca rediscutir el andamiaje completo de la norma, que hoy incluye:
Sellos de advertencia: Octógonos negros por excesos de azúcares, sodio, calorías, grasas totales y grasas saturadas.
Leyendas precautorias: Carteles rectangulares dirigidos a desincentivar el consumo infantil de alimentos con edulcorantes o cafeína.
Restricciones de marketing: Prohibición absoluta del uso de personajes infantiles, mascotas, animaciones, celebridades o avales de sociedades científicas en los envases que contengan al menos un sello.
Entornos escolares: Impedimento legal para que los productos con advertencias sean comercializados, promocionados o entregados dentro de los establecimientos educativos.
