La Justicia puso plazo al PAMI y prohibió cortar servicios esenciales
La Justicia federal de Córdoba dictó un fallo de fuerte impacto nacional al ordenar al PAMI y al programa Incluir Salud normalizar en un plazo de 72 horas los pagos adeudados a prestadores que atienden a personas con discapacidad.
La medida cautelar fue firmada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el colectivo Defendamos Córdoba junto a distintas instituciones terapéuticas y asistenciales, entre ellas Pequeño Cottolengo Don Orione y Apadim.
La resolución tendrá vigencia durante seis meses, o hasta que exista una sentencia definitiva, y obliga al Estado nacional a garantizar la continuidad de terapias, tratamientos médicos, medicamentos y demás prestaciones esenciales para personas con discapacidad.
En su fallo, el magistrado advirtió que las demoras en los pagos y la interrupción en la provisión de medicamentos generan un “riesgo inminente” para pacientes que dependen de atención constante y tratamientos permanentes.
La demanda señaló que numerosos prestadores dejaron de cobrar en tiempo y forma, situación que puso en crisis económica a instituciones que brindan asistencia a niños, adultos mayores y personas con discapacidad en distintos puntos del país.
Por ese motivo, el juez ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación evitar “dilaciones, suspensiones e interrupciones” en las prestaciones y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la cautelar.
El fallo también remarca que la demora estatal no constituye un simple problema administrativo, sino una situación que puede vulnerar derechos fundamentales vinculados a la salud, la rehabilitación y la continuidad de tratamientos médicos.
Otro de los puntos destacados de la resolución es su alcance nacional, ya que podría beneficiar a miles de pacientes y prestadores de distintas provincias que atraviesan dificultades similares.
Entre los casos mencionados aparece el del Pequeño Cottolengo Don Orione, institución que denunció deudas millonarias derivadas de los atrasos en los pagos y también interrupciones en la entrega de medicamentos durante varios meses de 2026.
En su defensa, el Gobierno nacional argumentó que las demoras forman parte de un proceso de reorganización administrativa destinado a garantizar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, la Justicia entendió que esos cambios no justifican la suspensión de prestaciones esenciales para personas con discapacidad.
