Avanza la ofensiva contra el etiquetado frontal: diputados de LLA buscan derogar la ley
La iniciativa ingresó a la Cámara Baja a última hora del viernes. Sostienen que el sistema actual de octógonos negros es «deficiente», confunde al consumidor y traba el comercio. La jugada parlamentaria se anticipa a la reforma que planea el ministro Federico Sturzenegger.
El debate por la alimentación y las regulaciones comerciales vuelve a encenderse en el Congreso de la Nación. Los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) presentaron formalmente un proyecto de ley para derogar de manera directa la normativa de Etiquetado Frontal (Ley N° 27.642), sancionada durante la gestión presidencial anterior.
La propuesta, que ingresó formalmente por mesa de entradas el pasado viernes, se adelanta a los movimientos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger. Desde dicha cartera ya se viene trabajando junto a las empresas del sector alimentario en una reforma integral para flexibilizar los controles actuales, por lo que se espera que la iniciativa de los legisladores oficialistas gane centralidad en las comisiones parlamentarias durante las próximas semanas.
Esta dupla de diputados ya había intentado avanzar con una medida idéntica durante el año 2024; sin embargo, en aquella oportunidad, el oficialismo no logró imponer las condiciones en la agenda legislativa y el texto ni siquiera llegó a ser debatido. El escenario actual de desregulación económica que impulsa el Ejecutivo nacional abre una nueva ventana de oportunidad para el proyecto.
El fin de los octógonos y el regreso de los personajes animados
El proyecto presentado consta de cuatro artículos y su eje central se ubica en el primero, el cual sepulta la Ley 27.642. De aprobarse, se eliminaría de forma definitiva la obligatoriedad de exhibir los característicos sellos octogonales negros que advierten a los consumidores sobre los excesos de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio en alimentos envasados y bebidas analcohólicas.
Asimismo, la caída de la ley vigente dejaría sin efecto las restricciones publicitarias. Esto habilitaría nuevamente el uso de personajes infantiles, mascotas animadas, celebridades e influencers en los paquetes de comida, una práctica que hoy está estrictamente prohibida para cualquier producto que contenga al menos una advertencia nutricional. De igual modo, quedarían canceladas las prohibiciones de comercialización y promoción de estos alimentos dentro de los establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario.
Críticas al sistema actual: «Confunde en lugar de orientar»
En los fundamentos que acompañan la iniciativa, Fernández Molero y Bongiovanni aseguran de forma tajante que ninguno de los objetivos de la ley «fue alcanzado de manera satisfactoria». Según los autores, las fallas no obedecen a factores coyunturales, sino a «un diseño técnico deficiente que genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación (de los alimentos por parte de las industrias) y obstaculiza el comercio y la inversión».
Uno de los cuestionamientos técnicos más duros plasmados en el texto apunta al perfil de nutrientes dictado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que adoptó la ley argentina. «Ese perfil no evalúa la cantidad absoluta de un nutriente —gramos de azúcar, sodio o grasa por cada 100 gramos de producto— sino su proporción sobre el total de calorías del alimento. A estos se los denomina umbrales móviles, y son el origen de las principales distorsiones de la ley», argumentaron los legisladores, señalando que el sistema actual castiga erróneamente a ciertos alimentos saludables.
Sintonía con el Mercosur
Otra de las principales objeciones radica en la falta de armonización comercial. La ley aplicada en Argentina difiere sustancialmente de los criterios adoptados por el resto de los países miembros del Mercosur, lo que representa una barrera para las exportaciones e importaciones de la región.
Bajo esta premisa, el nuevo proyecto de los diputados del bloque oficialista no propone un reemplazo inmediato, sino que deroga la norma vigente e incita de manera expresa al Poder Ejecutivo Nacional a diseñar un nuevo sistema de etiquetado informativo que contemple y unifique criterios con las normativas regionales vigentes.
