El Senado aprobó un acuerdo con holdouts por USD 171 millones
El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto que avala un acuerdo entre el Estado argentino y dos fondos acreedores por un total de 171 millones de dólares. La iniciativa obtuvo 40 votos afirmativos y 22 negativos, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados antes de fin de mes para completar su sanción legislativa.
El convenio involucra a los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, que aceptaron una reducción superior al 30% sobre los montos originalmente reclamados en sentencias firmes emitidas por tribunales de Estados Unidos. Según lo establecido en el texto aprobado, Argentina abonará 67 millones de dólares a Bainbridge y 104 millones a Attestor, dando por finalizados litigios que se arrastraban desde hace años.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la implementación del mecanismo internacional conocido como “Entrega contra Pago” (DVP), mediante el cual los desembolsos del Estado se realizarán de manera simultánea con la cancelación de los títulos involucrados. Además, los acreedores asumirán los costos judiciales derivados de los procesos y se incorporará una cláusula que les impedirá iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas mientras se completa la operación.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la aprobación del acuerdo permitirá cerrar algunos de los principales litigios pendientes que aún afectan al país en el ámbito internacional. En la documentación enviada al Congreso se remarca que la medida contribuirá a poner fin a investigaciones vinculadas con activos argentinos en el exterior, incluyendo procesos de revisión de información financiera y patrimonial.
Durante el debate, el senador oficialista Agustín Monteverde defendió la iniciativa al afirmar que se trata de los últimos acreedores de relevancia que mantenían disputas judiciales con la Argentina. Según explicó, el entendimiento representa un ahorro significativo respecto de los montos reclamados y permitirá avanzar hacia una normalización definitiva de la situación heredada de anteriores conflictos de deuda.
No obstante, la propuesta encontró resistencia en sectores de la oposición. El senador chaqueño Jorge Capitanich cuestionó el nivel de endeudamiento de la actual gestión y reclamó mayores explicaciones sobre distintos aspectos de la política financiera nacional. En la misma línea, otros legisladores opositores consideraron que existen prioridades más urgentes para la utilización de recursos públicos.
A pesar de las críticas, el proyecto logró reunir el respaldo necesario para superar la votación en la Cámara alta. Ahora la atención estará puesta en Diputados, donde el oficialismo buscará acelerar su tratamiento para cumplir con los plazos establecidos y cerrar definitivamente un capítulo de litigios internacionales que se extiende desde hace varios años.
