«El nivel de gravedad es inédito»: La Fiscal Ana de Pacce brindo detalles sobre el crimen de Jonathan Romero
La investigación por el violento asesinato de Jonatan «El Guasón» Romero ha entrado en una fase crítica de recolección de pruebas científicas. La fiscal Ana González de Pacce, en una conferencia de prensa de alto impacto, brindó precisiones sobre la arquitectura del crimen, la imputación que pesa sobre los detenidos y la preocupante escalada de violencia que atraviesa la capital chaqueña. Con la mira puesta en un ataque ejecutado con al menos dos armas, la justicia intenta desentrañar lo que describe como una causa de una complejidad inédita.
La hipótesis de las dos armas y el «Grueso Calibre»
Uno de los puntos centrales de la pesquisa es la mecánica de la agresión. La cantidad de detonaciones y la diversidad de proyectiles sugieren que no se trató de un solo tirador o, al menos, que se utilizaron distintos tipos de armamento.
«Aparentemente serían dos las involucradas en el hecho por la cantidad de disparos», detalló la fiscal, aunque supeditó la confirmación final a los resultados forenses. «Según el doctor Zárate del Instituto Médico Forense, fueron varios los orificios de entrada y salida», añadió, subrayando que una de las armas utilizadas es de «grueso calibre», lo que explica la letalidad del ataque.
Hasta el momento, un arma fue hallada en las inmediaciones de un domicilio allanado, aunque no dentro de la propiedad, lo que obliga al gabinete científico a realizar cotejos balísticos urgentes para determinar si es la que terminó con la vida de Romero.
El silencio de Escalante y la «declaración amplia» de su madre
En los pasillos de la fiscalía, el contraste entre los acusados fue notorio. Mientras que Damián Escalante, señalado por testigos como el autor material de los disparos, optó por no hablar, su madre y presunta coautora, Rocío Pauluk, eligió una estrategia diferente.
Damián Escalante: «Se abstuvo de declarar, aunque mencionó supuestas amenazas contra su familia», indicó la fiscal.
Rocío Pauluk: Según González de Pacce, la mujer «declaró ampliamente» durante varias horas, intentando dar una versión que la desvincule de la entrega del armamento, aunque también fundamentó su relato en un contexto de hostigamiento previo.
La calificación penal para ambos es máxima: «Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y alevosía en calidad de coautores». Esta figura legal responde a la sospecha de que la víctima fue atacada en un estado de indefensión y con la colaboración necesaria de terceros para asegurar el resultado fatal.
Un contexto de terror: El miedo de los testigos
La fiscalía enfrenta un obstáculo recurrente en causas de esta magnitud: el silencio por temor. Al haber ocurrido en una fiesta con gran concurrencia, abundan los ojos que vieron el ataque, pero escasean las voces que se animan a ratificarlo en el expediente.
«Los testigos son reacios porque tienen miedo, sobre todo cuando hay armas de fuego», admitió González de Pacce, advirtiendo sin embargo que la justicia tiene herramientas para avanzar: «De ser necesario, serán convocados por la fuerza pública».
«Nunca vimos algo así»: El diagnóstico de una crisis
Hacia el final de sus declaraciones, la fiscal dejó una reflexión que trasciende el caso Romero y pinta un panorama sombrío sobre la seguridad y la paz social en la región. Conmovida por la simultaneidad de hechos violentos en la provincia, sentenció:
«Son tres hechos muy graves en simultáneo. En mis 40 años en la justicia, nunca vimos tantos hechos de esta gravedad en tan poco tiempo».
La fiscalía tiene ahora un plazo de diez días hábiles para resolver la situación procesal de los tres detenidos y definir si solicita la prisión preventiva, mientras se aguardan los resultados del dermotest, los peritajes de los numerosos teléfonos secuestrados y el informe final de la autopsia que confirmará si Romero fue «rematado» en el suelo.
