Ciberdelitos tras la ruta de las amenazas: Mensajes desde Buenos Aires y el sur impactan en el Chaco
La investigación por la ola de amenazas en escuelas chaqueñas dio un giro clave. La División Ciberdelitos de la Policía del Chaco confirmó que, tras rastrear las direcciones IP y el origen de las viralizaciones, se detectó que muchos de los mensajes intimidatorios provienen de La Matanza (Buenos Aires) y de localidades del sur del país. Sin embargo, la acción local no se detiene: ya se secuestraron diez teléfonos celulares y se identificó a tres menores de 13 y 14 años en el área metropolitana.
El comisario Carlos Barreto, jefe del área, dijo: «Esto no es una broma, es un delito». Barreto explicó que el fenómeno combina la réplica de contenido externo con la fabricación de amenazas locales, donde algunos adolescentes incluso llegaron a exhibir armas de forma artesanal en chats grupales para generar pánico y ganar «popularidad».
El peligro de los retos virales y la IA
La investigación reveló tácticas preocupantes que van más allá de un simple texto:
Inteligencia Artificial: Se detectó el uso de IA para superponer rostros de alumnos en imágenes inapropiadas, lo que derivó en causas por distribución de material de abuso sexual infantil.
True Crime Community (TCC): Los peritos monitorean canales de esta subcultura digital que incita a jóvenes a planificar actos violentos de gran impacto.
Efecto «Influencer»: Según Barreto, el deseo de los chicos por ser virales los lleva a replicar listas de amenazas editadas, muchas veces sin medir las consecuencias penales para sus familias.
Medidas en las escuelas y rol de los padres
Ante los 108 establecimientos afectados, la Policía comenzó a utilizar las cámaras de seguridad de los colegios para identificar a quienes realizan pintadas o graban videos en los baños durante el horario de clase.
«Los padres deben conocer qué aplicaciones usan sus hijos y sacarlos de grupos que no sean estrictamente educativos», advirtió Barreto. El protocolo actual implica el allanamiento de la vivienda, el secuestro del dispositivo (herramienta fundamental de estudio/comunicación hoy en día) y la notificación judicial a los tutores, quienes deben responder por los actos de los menores.
