La ley de ‘falsas denuncias’ avanza en el Senado: advierten que podría callar a víctimas de violencia de género
Especialistas, organizaciones y funcionarias cuestionan la iniciativa y alertan sobre un posible efecto disuasorio en el acceso a la Justicia, en un contexto donde la mayoría de los casos ni siquiera se denuncian y persisten fuertes barreras estructurales.
A contrarreloj y en medio de fuertes cuestionamientos, el Senado se prepara para debatir el próximo 28 de abril el proyecto que endurece las penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género.
La iniciativa, impulsada por la senadora de la UCR Carolina Losada y respaldada por sectores del oficialismo, ya tiene dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Sin embargo, organizaciones feministas, especialistas y funcionarias provinciales alertan que la reforma podría generar un efecto inverso al que dice buscar: menos denuncias y más impunidad.
El proyecto propone elevar las penas por falsa denuncia de 3 a 6 años —lo que convertiría el delito en no excarcelable— y aumentar las sanciones por falso testimonio de 3 a 8 años.
Pero esos delitos ya están contemplados en el Código Penal (artículos 245 y 275), lo que para juristas y organizaciones evidencia que no se trata de llenar un vacío legal sino de un endurecimiento con foco específico en denuncias vinculadas a violencia de género, delitos sexuales y niñez.
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advierten que la iniciativa carece de sustento empírico. “La evidencia muestra que las denuncias falsas son marginales: menos del 1% a nivel global y menos del 3% en Argentina, en su mayoría asociadas a delitos económicos”, señalaron. En contraposición, remarcan que apenas el 21% de las mujeres que sufren violencia se anima a denunciar, según datos del programa Spotlight.
Críticas por el impacto en el acceso a la Justicia
El rechazo se expresó con fuerza en un conversatorio realizado en el Anexo del Senado bajo la consigna “Derecho a la voz: contra la criminalización de quienes denuncian violencia”. Allí, la abogada Ileana Arduino, referente del INECIP, fue contundente: “Estamos ante un proyecto que utiliza el derecho penal no para resolver conflictos, sino para disciplinar”.
Arduino advirtió que el agravamiento de penas puede funcionar como una “extorsión procesal” para las víctimas. “Lo que busca es que, ante la duda o la falta de recursos para sostener un proceso judicial, las mujeres y las infancias opten por el silencio para evitar ser ellas las criminalizadas”, sostuvo. Y agregó: “Es una pedagogía de la crueldad que pretende que la denunciante sea investigada antes que el agresor”.
En la misma línea, Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, planteó una contradicción de fondo con la normativa vigente: “¿Qué mensaje se le da a una madre o a un profesional de la salud que sospecha de un abuso? Si la Justicia amenaza con cárcel en caso de no probarlo, el mensaje es callarse”.
Una discusión atravesada por la política
El debate no se limita a lo técnico. Desde distintos sectores sostienen que la iniciativa forma parte de una avanzada ideológica más amplia. La ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, fue categórica: “Las falsas denuncias no son un problema en la Argentina; el problema es la falta de denuncias”.
Y apuntó directamente contra el enfoque del Gobierno nacional: “Responde a una perspectiva que pone en duda la violencia de género y cuestiona a quienes denuncian”.
El proyecto también tiene un origen marcado por casos particulares. Andrea Guacci, fundadora del Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias, es una de sus principales impulsoras tras el cierre en 2023 de una investigación de la FIFA contra su marido, el entrenador Diego Guacci, denunciado por futbolistas por acoso y hostigamiento.
El expediente se cerró por “falta de pruebas suficientes”, sin sanciones, aunque las denunciantes sostuvieron sus acusaciones.
En el debate parlamentario también participó Ricardo Biasotti, quien fue absuelto en una causa por abuso sexual y luego denunció a Andrea del Boca por supuestos “falsos recuerdos implantados”. Su presencia y eventual acercamiento político a La Libertad Avanza refuerzan, según sectores críticos, la lectura de que el proyecto responde a una agenda más amplia.
Datos, prejuicios y temor a denunciar
Para especialistas, uno de los puntos más sensibles es el impacto cultural que puede generar la ley. Desde ELA sostienen que la norma podría consolidar un prejuicio peligroso: que toda denuncia que no logre probarse es falsa. “Esto ignora la complejidad de estos delitos, que suelen ocurrir en ámbitos privados y sin testigos”, remarcaron.
María Elena Nadeo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sumó otra dimensión al debate: “Confundir la falta de pruebas con una mentira es malintencionado. La Justicia muchas veces llega tarde o no llega, y eso no convierte a las víctimas en culpables”.
Las organizaciones también advierten que el endurecimiento de penas podría desalentar no solo a denunciantes, sino a testigos, peritos y profesionales de la salud o la educación, que quedarían expuestos a eventuales represalias penales.
En ese escenario, la obligación de denunciar —como establece la Ley Lucio— entraría en tensión directa con el riesgo de ser acusado por falsa denuncia. “¿Tienen que denunciar o protegerse de ser perseguidos penalmente?”, planteó Gherardi durante el encuentro en el Senado.
