La Justicia ordenó sostener el programa «Volver al Trabajo» que alcanza a más de 43 mil chaqueños
Un fallo federal frenó la baja del programa dispuesta por el Ministerio de Capital Humano. La medida cautelar garantiza la continuidad de la asistencia para miles de familias en nuestra provincia, quienes denunciaron que el recorte los dejaba sin su principal sustento alimentario.
El ajuste nacional en materia de políticas sociales encontró un freno en los tribunales federales, con un impacto directo y vital para el Chaco. El Juzgado Federal de Campana dictó una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a mantener el programa «Volver al Trabajo», evitando así la quita del beneficio que alcanza a 43.523 chaqueños.
La decisión del juez Adrián González Charvay surge a partir de un amparo colectivo que denunciaba la eliminación abrupta de la asistencia, dispuesta por la gestión de Sandra Pettovello a partir del 9 de abril. En la provincia, donde el programa es un pilar fundamental para sostener la economía familiar en sectores de alta vulnerabilidad, la medida fue recibida como una salvaguarda necesaria.
Representantes de organizaciones sociales chaqueñas habían advertido en los últimos días que el reemplazo del programa por un sistema de vouchers – cuyos alcances y condiciones de acceso nunca fueron precisados – dejaba a miles de trabajadores de la economía popular en un estado de absoluta desprotección. «Muchos de nuestros beneficiarios realizan tareas en comedores, escuelas y cooperativas de toda la provincia; retirarles el ingreso sin una alternativa clara era un golpe directo a la mesa de las familias», indicaron días atrás referentes de organizaciones sociales.
Fundamentos de un fallo con peso social
El magistrado consideró que, ante la falta de una alternativa equivalente, la eliminación del plan vulneraba derechos constitucionales fundamentales, como la seguridad social y el acceso a una vida digna. El fallo refuerza un principio clave: el Estado no puede retirar una política de contención social sin garantizar previamente un mecanismo eficaz de reemplazo.
La orden judicial es clara: el Ministerio de Capital Humano tiene tres días hábiles para normalizar el pago de la asignación de $78.000, bajo riesgo de recibir sanciones económicas si incumple la disposición.
El panorama en Chaco
Para las familias chaqueñas, esta cautelar representa un respiro ante la escalada inflacionaria. El programa no solo cumple un rol alimentario, sino que dinamiza pequeñas economías locales en localidades del interior provincial.
Si bien el Gobierno nacional podría apelar la decisión en las próximas horas, la resolución judicial deja en suspenso el recorte proyectado y obliga a la cartera de Capital Humano a mantener la asistencia vigente hasta que exista una sentencia de fondo. Mientras tanto, en los barrios del Chaco, la expectativa está puesta en el cumplimiento efectivo de los cronogramas de pago para los próximos días.
