Imputaron por amenazas al empleado judicial denunciado por violencia de género y quedó en libertad
Simoni, de 34 años, prestó declaración indagatoria ante la fiscal Noel Benítez, titular de la Fiscalía N°11 especializada en Género. La defensa cuestionó el peso de la prueba testimonial, entregó el teléfono celular del acusado y solicitó una pericia informática para probar que los dispositivos fueron hackeados.
El empleado judicial que había sido denunciado a finales de abril por su expareja en el marco de una causa por violencia de género fue formalmente imputado por el delito de «amenazas simples» y continuará el proceso en libertad. El acusado, identificado como Simoni (34), se presentó a las 7:30 horas de este jueves en la sede de la Fiscalía de Investigaciones de Resistencia para cumplir con la declaración indagatoria ante la fiscal Noel Benítez, tras lo cual se retiró por sus propios medios.
A raíz del inicio del expediente y su consecuente trascendencia pública, el agente estatal había sido preventivamente trasladado desde su funciones en la Fiscalía N°9 hacia un juzgado del fuero laboral de la capital chaqueña. La denuncia original que motoriza la causa detalla presuntos episodios de hostigamiento, violencia psicológica y amenazas cruzadas. La denunciante, quien actualmente dispone de un botón antipánico y una orden de restricción perimetral, amplió su declaración incorporando el testimonio de su psicólogo tratante particular.
Los argumentos de la defensa y el pedido de pericias técnicas
Tras la finalización de la audiencia, el abogado defensor Pablo Vianello dialogó con los medios de comunicación y relativizó el peso probatorio reunido por la fiscalía hasta el momento:
Las pruebas que hay básicamente en contra de Simoni son declaraciones testimoniales de su expareja, de la madre de su expareja, de una amiga y de un psicólogo tratante de manera particular de ella. En el expediente no obra prueba documental que respalde el envío de fotografías de causas judiciales desde el lugar de trabajo de mi defendido.
Vianello refutó de forma puntual la acusación referida a que el imputado utilizaba su rol administrativo para filtrar fotos de causas de femicidios (específicamente una vinculada al culto a San La Muerte) con fines intimidatorios. El letrado aclaró que el único expediente de femicidio tramitado por la Fiscalía N°9 data del año 2024, mientras que la investigación de la víctima hallada en una laguna correspondía a la órbita de la Fiscalía N°5, una dependencia a la que Simoni no poseía acceso informático ni presencial por su jerarquía de funciones.
Para respaldar su postura, la defensa hizo entrega material del teléfono celular del empleado judicial y solicitó de manera formal la designación de un perito informático de parte. El objetivo del planteo es probar que los accesos y las comunicaciones partieron de una intromisión externa:
Vamos a poder demostrar que a él le hackearon sus dispositivos. Existen capturas de chats con un técnico informático que datan de julio de 2025, donde mi cliente ya reportaba un ingreso indebido y manipulación de sus cuentas personales.
El abogado anticipó que, en caso de que los resultados periciales confirmen el hackeo de las líneas de comunicación, impulsará una contradenuncia por el delito de falso testimonio y falsa denuncia contra la mujer y su entorno familiar. Respecto de las menciones sobre supuestas víctimas previas del imputado, Vianello afirmó haber tomado contacto con una expareja anterior y con la actual concubina de Simoni, asegurando que ambas coincidieron en que fue la propia denunciante quien inició los contactos hostiles hacia ellas. Una de las testigos clave está citada a brindar su testimonio el próximo 26 de mayo, período durante el cual el imputado mantendrá su condición de libertad ambulatoria.
