Fallo contra un banco: deberá indemnizar con más de $2 millones a una jubilada estafada
La Justicia comercial determinó que la entidad financiera incumplió su deber de seguridad al no detectar seis transferencias fraudulentas realizadas en menos de media hora. Los jueces destacaron la «especial vulnerabilidad» de la víctima por ser una persona mayor.
La Cámara Comercial de la Capital Federal ratificó una condena contra una entidad bancaria tras el millonario robo sufrido por una clienta jubilada. El tribunal dictaminó que el banco fue responsable por no haber activado protocolos de seguridad ante una serie de movimientos sospechosos que resultaron en el despojo de los ahorros de la mujer.
El hecho se desencadenó cuando la damnificada sufrió la sustracción de $2.430.000 a través de seis transferencias consecutivas dirigidas a destinatarios desconocidos. Lo que resultó determinante para los magistrados Eduardo Machin, Matilde Ballerini y Alejandra Tevez fue la velocidad del ataque: toda la operación ocurrió en un lapso de apenas 22 minutos.
Para la Justicia, este patrón de comportamiento debió encender las alarmas de la institución. «El banco debió haber advertido que las seis transferencias no eran operaciones habituales», sostiene el fallo, según consignó el medio Justicia de Primera.
Falta de pruebas y vulnerabilidad
Durante el proceso, el banco intentó argumentar que la víctima debía demostrar que no había entregado sus claves a terceros. Sin embargo, la Cámara rechazó de plano este requerimiento, calificándolo como una «prueba negativa de imposible producción».
Los jueces subrayaron dos puntos clave en la condena:
Falla en los protocolos: No quedó acreditado en el expediente que la entidad hubiera activado alertas de seguridad o verificado la identidad de quien operaba la cuenta en ese momento.
Vulnerabilidad de la víctima: Se resaltó que la clienta es una persona mayor, lo que exige un estándar de protección más alto por parte del banco.
La sentencia
En consecuencia, la Justicia confirmó que el banco no solo deberá restituir la totalidad del dinero sustraído, sino que también deberá pagar una indemnización de $2.500.000 en concepto de daño moral.
