El Senado debate este miércoles la reforma de la Ley de Salud Mental: qué cambios prevé
El Senado de la Nación abrirá este miércoles el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone cambios centrales en el régimen vigente desde 2010. Entre los puntos más relevantes se destacan la habilitación de internaciones no voluntarias en determinados casos y la incorporación formal de las adicciones dentro de las políticas de salud mental.
La propuesta será analizada en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General, previsto para las 16.30. El debate genera expectativa por el fuerte contraste de posturas entre sectores que reclaman una modificación urgente y organizaciones que advierten posibles retrocesos en derechos adquiridos.
Uno de los principales cambios apunta al sistema de internaciones. El texto reemplaza el criterio actual de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, lo que ampliaría la posibilidad de disponer internaciones involuntarias con posterior control judicial. También establece que el caso deberá notificarse a un juez dentro de las primeras 24 horas.
Otro eje central es el abordaje de las adicciones. El proyecto sostiene que los consumos problemáticos de sustancias legales o ilegales deben ser tratados como parte integrante de la salud mental, permitiendo diseñar dispositivos específicos de atención ambulatoria o de internación.
Además, la iniciativa refuerza el rol médico dentro de los equipos interdisciplinarios, al exigir la participación obligatoria de psiquiatras y otorgar mayor peso a la evaluación clínica en decisiones vinculadas a diagnósticos, tratamientos e internaciones.
La reforma cuenta con respaldo de familiares de personas con consumos problemáticos y pacientes con trastornos severos, quienes sostienen que la legislación actual limita intervenciones tempranas. En cambio, sectores de la oposición y organismos de derechos humanos cuestionan el proyecto por considerar que podría vulnerar garantías individuales y favorecer prácticas restrictivas.
El debate en comisión marcará el inicio de una discusión que promete ser extensa y sensible, al poner en tensión dos enfoques: la protección de derechos y la necesidad de respuestas sanitarias más rápidas frente a situaciones críticas.
