El Gobierno nacional delegó a nueve provincias la gestión de rutas nacionales bajo un esquema de concesiones
A través de un decreto oficializado este viernes, la administración central habilitó a un grupo selecto de provincias a licitar, administrar y mantener tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. La normativa, que excluye a la provincia del Chaco pero incluye a Corrientes y Santa Fe, permite la participación de capitales privados bajo contratos de hasta 30 años. Este esquema busca descentralizar la infraestructura vial, aunque la Nación mantiene la titularidad del dominio público sobre las trazas involucradas.
Mediante el Decreto 253/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional estableció un marco regulatorio que faculta a las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz para asumir el control operativo de sus rutas nacionales. Esta medida, de carácter funcional y revocable, permite que los gobiernos provinciales convoquen a procesos licitatorios para obras de mantenimiento y mejoras, abriendo la puerta a esquemas de participación público-privada o concesiones mixtas. La ausencia de Chaco en este listado inicial marca una diferencia estratégica en la gestión de los corredores del noreste argentino.
El Ministerio de Economía de la Nación actuará como autoridad de aplicación, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad supervisará que los convenios específicos cumplan con los estándares técnicos y financieros. El decreto aclara expresamente que no se transfiere la propiedad de las rutas a las provincias, sino únicamente la facultad de gestión. Para ello, las jurisdicciones deberán garantizar principios de transparencia y razonabilidad tarifaria, asegurando que las inversiones privadas mantengan el equilibrio económico de los contratos, los cuales tendrán un límite temporal de tres décadas.
Una de las cláusulas más estrictas de la normativa establece que las provincias cuentan con un plazo máximo de un año para llamar a licitación una vez firmado el convenio de delegación. En caso de no cumplirse este plazo, la facultad sobre el tramo vial caducará automáticamente y regresará a la órbita nacional. Con este giro en la política de infraestructura, el Estado busca oxigenar las cuentas públicas delegando el financiamiento de las obras al sector privado, mientras que las provincias habilitadas obtienen una herramienta directa para mejorar la transitabilidad en sus principales arterias productivas.
