El Gobierno defendió el Súper RIGI y apuesta a inversiones millonarias
El Gobierno nacional presentó en la Cámara de Diputados los principales lineamientos del denominado Súper RIGI, un nuevo régimen destinado a promover grandes inversiones industriales y tecnológicas en la Argentina. Durante su exposición ante legisladores, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, aseguró que la iniciativa busca atraer proyectos de largo plazo y generar una nueva etapa de desarrollo productivo basada en la industrialización de recursos y la incorporación de tecnología.
El funcionario explicó que el nuevo esquema surge como una evolución del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actualmente vigente y sostuvo que el objetivo es avanzar más allá de la extracción de recursos naturales para fomentar actividades de mayor valor agregado.
«No estamos buscando un impacto de corto plazo», afirmó González durante la presentación. En ese sentido, señaló que la propuesta apunta a sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la fabricación de semiconductores, la biotecnología avanzada, la producción de baterías de litio, el refinamiento de cobre y la infraestructura tecnológica.
El secretario destacó además los resultados obtenidos por el régimen actual. Según precisó, hasta el momento se presentaron 39 proyectos cuando originalmente se estimaba recibir entre seis y ocho iniciativas. De acuerdo con los datos oficiales, esas propuestas representan inversiones por aproximadamente 138.000 millones de dólares y podrían generar alrededor de 179.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.
«El RIGI ha sido y sigue siendo un régimen sumamente exitoso», sostuvo González, aunque aclaró que extender el esquema actual no sería conveniente porque fue concebido como una herramienta excepcional y con un plazo determinado.
Uno de los aspectos centrales del Súper RIGI será que únicamente podrán acceder a sus beneficios proyectos completamente nuevos. Quedarán excluidas las ampliaciones de emprendimientos existentes, las expansiones de inversiones ya realizadas y los proyectos vinculados exclusivamente a infraestructura o extracción de recursos naturales.
El proyecto establece una inversión mínima de 1.000 millones de dólares para poder adherirse al régimen, una cifra significativamente superior a la exigida por el RIGI actual. Además, las empresas deberán ejecutar al menos el 20% de la inversión comprometida durante los primeros dos años desde su incorporación.
En materia tributaria, la iniciativa contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias y garantiza estabilidad fiscal y regulatoria por un período de 30 años. Según González, este último punto es uno de los aspectos más valorados por las compañías interesadas en invertir en el país.
La propuesta también prevé importantes beneficios para el comercio exterior. Entre ellos se destacan la exención total de derechos de exportación desde el inicio de las operaciones y la eliminación de aranceles para la importación de bienes destinados a los proyectos aprobados.
Asimismo, se mantendrá un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones. Las empresas podrán disponer libremente del 20% de esas divisas durante el primer año, del 40% en el segundo y del 100% a partir del tercero.
Otro de los puntos destacados es que los beneficios alcanzarán también a proveedores vinculados a los proyectos principales, independientemente de su tamaño. Además, el nuevo régimen elimina la obligación de contratar un porcentaje mínimo de proveedores locales que contemplaba el esquema anterior.
En cuanto a las provincias y municipios que decidan adherirse, el proyecto establece límites para la carga tributaria local. Las jurisdicciones no podrán aplicar impuestos de sellos y deberán mantener una alícuota de Ingresos Brutos de hasta el 0,5%, mientras que las tasas municipales deberán estar relacionadas con servicios efectivamente prestados.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca captar inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico de las próximas décadas, apostando a proyectos tecnológicos e industriales que actualmente no tienen presencia significativa en el país.
