El Gobierno apeló para frenar la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario federal para intentar suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que obliga al Estado a incrementar partidas destinadas a salarios, becas y funcionamiento de las casas de estudio. La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro ante la Cámara de Apelaciones y luego deberá ser analizada por la Corte Suprema.
El pedido oficial incluye un efecto suspensivo, con el objetivo de frenar de manera inmediata la obligación de transferir fondos mientras se resuelve el planteo judicial. Sin embargo, hasta que esa solicitud sea aceptada por los tribunales, el Ejecutivo continúa alcanzado por la exigencia de comenzar con los pagos establecidos por la ley.
Desde la Casa Rosada sostienen que la normativa genera un fuerte impacto presupuestario y remarcan que no establece una fuente específica de financiamiento. Según estimaciones oficiales, la implementación completa implicaría una erogación cercana a $2,5 billones, cifra que, aseguran, pondría en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
Además, el Gobierno argumentó que la Justicia avanzó sobre facultades propias del Congreso y del Poder Ejecutivo al ordenar partidas y mecanismos de ejecución presupuestaria. En ese marco, también solicitó que los jueces del máximo tribunal evalúen posibles excusaciones por su vínculo con el sistema universitario.
Del otro lado, sectores académicos y gremiales reclaman el cumplimiento inmediato de la norma y advierten sobre la caída real de los recursos para universidades en los últimos años. También insisten en la necesidad de recomponer salarios docentes, becas estudiantiles y fondos operativos.
Mientras se aguarda la respuesta judicial, el conflicto entre el Gobierno y las universidades suma un nuevo capítulo en medio del debate por el presupuesto educativo, el ajuste del gasto público y la continuidad de las transferencias nacionales para garantizar el funcionamiento del sistema público de educación superior y la plena aplicación de la ley universitaria.
