Pidieron el procesamiento de Capitanich y Soneira por una red de corrupción en la entrega de tierras
El titular de la Fiscalía Federal, Carlos Amad, solicitó el procesamiento sin prisión preventiva del exgobernador Jorge Milton Capitanich y de la exministra Marta Soneira. La acusación los señala como responsables de un esquema de defraudación al Estado mediante la adjudicación irregular de tierras fiscales y beneficios económicos a allegados.
Tras una exhaustiva investigación que demandó casi dos años de trabajo, el fiscal federal Carlos Amad presentó un pedido de procesamiento contra el exgobernador Jorge Capitanich y la exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, Marta Soneira. La causa, iniciada a raíz de una denuncia de la actual titular del Instituto de Colonización, Marilyn Canata, destapa un entramado de decisiones administrativas que habrían sido utilizadas para beneficiar a socios comerciales del entorno familiar de la exfuncionaria.
Un esquema de «favoritismo»
Según el escrito judicial, los acusados habrían operado de manera organizada para insertar en el mercado legal un patrimonio que, bajo la lupa del fiscal, resulta injustificable. La maniobra central consistió en la entrega de grandes extensiones de tierras fiscales en el Departamento Almirante Brown a favor de Federico Storti, Nelson Pochón y Leandro Bessone.
Lo llamativo del expediente —y eje de la acusación— es que estas personas son socios comerciales de Mauricio Cian, esposo de la entonces ministra Soneira, en las firmas «Grupo Pampa Agro SRL» y «Pampa Semillas SRL». Para el fiscal Amad, «ni el gobernador ni la ministra podían desconocer» este vínculo, calificando los actos administrativos como una forma de «favoritismo político y personal» que recuerda, según citó el magistrado, a los mecanismos de arbitrariedad de la época de la Ley de Enfiteusis de 1826.
Las imputaciones
Los cargos contra los exfuncionarios son de extrema gravedad y abarcan un concurso real de delitos, entre ellos:
- Fraude en perjuicio de la administración pública.
- Lavado de activos agravado por habitualidad y función pública.
- Enriquecimiento ilícito.
- Abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
- Negociaciones incompatibles con la función pública.
En el caso de Soneira, la fiscalía hace especial hincapié en que la exministra ocupó simultáneamente cargos incompatibles, desde donde facilitó tanto la entrega de los terrenos como beneficios impositivos y subsidios para los allegados a su esposo.
El descargo de los acusados
Ante el avance de la investigación, el exgobernador Capitanich sostuvo que no es responsabilidad del Poder Ejecutivo controlar cada paso administrativo y calificó de «absurda» la exigencia de verificar personalmente cada expediente. Asimismo, argumentó que existe un procedimiento reglado con múltiples oficinas intervinientes.
No obstante, el fiscal Amad refutó estos argumentos con severidad. «Resulta cuanto menos inocente pensar que quien gestiona la provincia no tome recaudos cuando las tierras son entregadas a grupos económicos integrados por el esposo de su propia ministra».
Delitos ambientales
La causa también aborda la polémica actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) aprobada a fines de 2022. La fiscalía señala que Soneira recategorizó zonas de Pampa del Infierno —donde operan las empresas vinculadas a su círculo— a «categoría verde», permitiendo el desmonte y la explotación, un proceso que fue severamente cuestionado por la Fundación Vida Silvestre Argentina por falta de transparencia.
La resolución judicial se encuentra ahora en manos del juzgado correspondiente, que deberá evaluar si hace lugar al pedido de procesamiento solicitado por el fiscal Amad tras una de las investigaciones por corrupción más complejas de los últimos años en la provincia.
