Diputados aprobó la Ley Hojarasca y avanza la desregulación
La Cámara de Diputados otorgó este miércoles media sanción al proyecto conocido como Ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca eliminar y modificar decenas de normas consideradas obsoletas dentro del sistema jurídico argentino. La propuesta, promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, consiguió 139 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones tras una sesión atravesada por fuertes cruces políticos entre oficialismo y oposición.
El proyecto apunta a derogar 58 leyes, modificar artículos de otras ocho normas y dejar sin efecto dos decretos que, según el Ejecutivo, ya no tienen aplicación práctica o generan trabas burocráticas innecesarias. Desde el oficialismo sostienen que la medida permitirá simplificar el funcionamiento del Estado y modernizar el marco legal vigente, eliminando regulaciones que quedaron desactualizadas con el paso del tiempo.
Durante el debate, los bloques aliados de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR e Innovación Federal respaldaron la propuesta y garantizaron el quórum necesario para avanzar con el tratamiento. En paralelo, la oposición intentó impulsar una sesión para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades patrimoniales, aunque la maniobra no prosperó.
Entre las normas incluidas en el paquete aparecen antiguas regulaciones vinculadas a la microfilmación, la denominada “ley de mochileros”, disposiciones sobre organismos ya disueltos y otras leyes que, según el Gobierno, quedaron sin aplicación concreta. También figuraba la histórica ley de azotes del siglo XIX. Sin embargo, durante las negociaciones parlamentarias se realizaron cambios importantes para asegurar apoyos políticos.
Finalmente, el oficialismo decidió mantener la ley relacionada con préstamos del Banco Nación para cooperativas y conservar tanto la credencial de libre circulación de legisladores nacionales como el financiamiento público del Círculo de Legisladores. Estos puntos habían generado cuestionamientos incluso entre algunos sectores dialoguistas.
El diputado libertario Alberto Benegas Lynch fue uno de los principales defensores del proyecto y aseguró que el objetivo es “sacar a los argentinos del laberinto regulatorio”. Desde Unión por la Patria, en cambio, Diego Giuliano cuestionó que muchas de las normas ya no tenían aplicación real y acusó al Gobierno de evitar debates más profundos sobre otros temas prioritarios. La izquierda también rechazó con dureza la iniciativa y consideró que se trata de una medida innecesaria.
La denominada Ley Hojarasca había sido presentada originalmente en 2024, aunque perdió estado parlamentario por falta de tratamiento. El Poder Ejecutivo volvió a enviarla al Congreso en marzo de este año y, tras varias postergaciones y negociaciones políticas, consiguió finalmente avanzar en Diputados. Ahora el proyecto deberá ser debatido en el Senado para convertirse en ley.
