Denuncian parálisis en la investigación por caso de zoofilia en Corrientes
La Fundación «Mis Huellas a Casa» alertó que, a 13 días del rescate, la Comisaría 19 no ha elevado el sumario correspondiente. El acusado, identificado como F.S.R., continúa en libertad mientras la querella exige celeridad a la fiscalía.
La indignación crece entre las organizaciones proteccionistas tras conocerse el estancamiento judicial de la denominada “Causa Negrita”. El caso, que involucra una denuncia por crueldad animal y abuso sexual (zoofilia), tuvo su origen el pasado 1 de mayo con el rescate de una perra en un galpón del barrio Santa Teresita. Sin embargo, la falta de avances administrativos ha puesto en alerta a la querella.
Ariela Acuña, presidenta de la Fundación «Mis Huellas a Casa», denunció públicamente que la dependencia policial interviniente no ha cumplido con los pasos procesales básicos. «Nos encontramos con la desagradable sorpresa de que la comisaría no investiga, no diligenció ni colaboró con este caso», afirmó en declaraciones radiales.
Según detalló Acuña, este martes 12 de mayo venció el plazo legal para que la Comisaría 19 eleve el sumario a la fiscalía correspondiente. «Estamos en un agujero negro por la falta de investigación», lamentó la referente, quien manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el acusado, identificado como F.S.R., pueda estar afectando a otros animales o personas mientras permanece libre.
Los detalles del caso
«Negrita» fue rescatada de un galpón ubicado sobre la calle Castelli al 2100, donde habría sufrido los abusos. La causa se encuentra bajo la órbita de la Dra. Andrea González.
Desde la fundación aseguran que existen elementos probatorios contundentes que confirman el abuso sexual sufrido por el animal. Exigen que la justicia actúe con la misma celeridad que en casos precedentes, como el de «Alita», para evitar que el delito de crueldad animal quede impune.
Desde las organizaciones rescatistas recalcaron que no permitirán que el caso «quede en la nada» y solicitaron a las autoridades judiciales que activen los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de la comunidad y la justicia para la víctima.
