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Declaran las jubiladas que le prestaron US$200 mil a Adorni para comprar un departamento

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumará este miércoles un nuevo capítulo con la declaración de las dos jubiladas que le financiaron la compra de un departamento.

Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes se presentarán en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Gerardo Pollicita para brindar detalles sobre la operación.

De acuerdo a la documentación incorporada a la causa, ambas mujeres vendieron el inmueble ubicado en la calle Miró en noviembre de 2025 por un valor declarado de 230.000 dólares.

Según precisó la escribana Adriana Nechevenko, que intervino en la operación, el funcionario aportó 30.000 dólares en efectivo, mientras que los 200.000 restantes fueron financiados por las propias vendedoras, sin intereses, con un plazo de devolución fijado para noviembre de este año.

El departamento había sido adquirido previamente al exfutbolista Hugo Morales, quien declaró en la causa que lo vendió por 200.000 dólares.

 

Testimoniales clave
Las declaraciones de Viegas y Sbabo estaban previstas para la semana pasada, pero fueron postergadas a pedido de la defensa de Adorni por superposición con otras audiencias judiciales.

Ambas deberán explicar no solo los detalles de la operación de compraventa, sino también el origen de los fondos utilizados para financiar la transacción.

En paralelo, ayer declararon las otras dos mujeres que también le prestaron dinero al funcionario: Graciela Molina y su hija Victoria Cancio, quienes señalaron que fue la primera vez que participaron en una operación de este tipo.

Según expusieron ante la Justicia, el préstamo fue de 100.000 dólares bajo la modalidad de hipoteca privada, con un interés del 11% anual y a devolver en cuotas. Además, indicaron que conocieron a Adorni el mismo día en que se concretó la entrega del dinero.

De acuerdo a su testimonio, el funcionario ya abonó 30.000 dólares y aún mantiene una deuda de 70.000, más los intereses correspondientes, con un plazo de cancelación de siete meses.

La causa avanza
La investigación se centra en determinar si existió un incremento patrimonial injustificado en los bienes del funcionario, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, el juez Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, lo que permitirá analizar en detalle sus ingresos, gastos, movimientos financieros y operaciones inmobiliarias.

Mientras tanto, el fiscal Pollicita aguarda información de distintos organismos públicos para avanzar con el análisis de la documentación y definir los próximos pasos en la causa.

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