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Crisis del transporte en Corrientes: suspensiones masivas y reducción del 50% en el servicio

Las empresas paralizaron las actividades de casi un centenar de trabajadores por tres meses sin goce de haberes. Se suma a 25 despidos anteriores. El gremio se declaró en estado de alerta y apunta contra el Municipio y la Provincia por el colapso del sistema.

 

CORRIENTES – El transporte público de pasajeros en la Capital correntina atraviesa horas críticas. A la ya conocida noticia de la suspensión de 89 choferes por 90 días sin goce de haberes y la no renovación de contratos de otros 25 empleados, se suma ahora una drástica reducción del 50% en la circulación de unidades de las empresas Ersa y San Lorenzo.

Para hacer frente a la caída de ingresos y al aumento de costos operativos tras la quita de subsidios, las empresas implementaron un esquema de «servicio cortado» con el objetivo de optimizar el consumo de combustible y la recaudación.

Bajo este plan, al menos 60 unidades dejan de operar en las franjas horarias de menor demanda, para ser reincorporadas durante los horarios pico. Según explicó José Luis Sabao, secretario general de la UTA Corrientes, este esquema se definió en conjunto con las empresas bajo el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) vigente.

«Se aplicó un sistema de refuerzo en horarios pico para que la empresa pueda mejorar su recaudación y ahorrar combustible», detalló Sabao. El dirigente aclaró que, para aquellos trabajadores que aceptan este esquema de horario partido, se ha acordado una jornada de aproximadamente 7 horas dividida en dos turnos, el cobro doble de viáticos y francos los fines de semana. «Ningún compañero debe ser obligado; esto debe ser siempre de común acuerdo», enfatizó.

Un sistema «en terapia intensiva»
La situación en la calle es de incertidumbre total. Mientras el gremio busca contener la sangría laboral, los usuarios padecen un servicio intermitente y frecuencias reducidas. El conflicto, que tiene a los trabajadores en pie de guerra, escaló luego de la suspensión masiva de personal y la falta de acuerdos en las mesas de negociación con la Subsecretaría de Trabajo.

A pesar de los cruces internos entre delegados sobre el origen de las medidas de fuerza —algunos trabajadores habían intentado suspender el servicio de forma independiente—, Sabao remarcó la unidad de acción: «El gremio está presente y estamos haciendo la defensa dentro del marco legal».

¿Quién es responsable?
La crisis vuelve a poner en el foco la responsabilidad del Municipio y la Provincia, señalados por el gremio como los «dueños del servicio». La UTA insiste en que, si bien la empresa alega una crisis financiera insostenible, la solución no puede recaer únicamente en el ajuste del salario de los choferes.

Con un 50% de la flota parada en horas valle y la amenaza constante de un paro total, el transporte en Corrientes se mantiene en un precario equilibrio. La supervivencia del sistema depende ahora de una mesa de diálogo que, hasta el momento, no ha logrado ofrecer certezas ni a los trabajadores suspendidos ni a los miles de usuarios que ven cómo el transporte de la ciudad se reduce a mínimos históricos.

Este escenario de tensión evoca antecedentes complejos, como el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que la empresa ERSA solicitó en 2019 para implementar recortes similares. Sin embargo, para la UTA, la historia no puede repetirse a costa del salario de los trabajadores.

Sabao subrayó que la responsabilidad de garantizar la continuidad y estabilidad del servicio es compartida. El dirigente gremial fue enfático al señalar que el compromiso de cumplir con las obligaciones laborales recae no solo en las empresas, sino de manera directa en el Municipio y la Provincia, a quienes definió como «los dueños del servicio». Mientras tanto, la UTA ya prepara la defensa legal individual para cada uno de los 89 choferes afectados, en un escenario donde el paro total de colectivos parece ser la única carta que queda sobre la mesa para el gremio.

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