Crece la polémica por la licitación de la Hidrovía
La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay volvió a quedar envuelta en fuertes cuestionamientos luego de que trascendieran nuevas denuncias por presuntas irregularidades en el proceso impulsado por el Gobierno nacional. A los planteos judiciales ya existentes se sumaron ahora sospechas vinculadas a supuestos contactos ocultos con empresas asociadas a China, observaciones de organismos internacionales y críticas por el esquema económico diseñado para el futuro peaje.
La concesión de la Hidrovía es considerada una de las privatizaciones más importantes de la gestión de Javier Milei, ya que por esa vía circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas de granos y derivados. Sin embargo, el proceso viene siendo objetado desde distintos sectores empresariales, judiciales y políticos.
Uno de los puntos que generó mayor controversia en las últimas horas fue la difusión de un informe de inteligencia estadounidense que habría detectado vínculos indirectos entre actores involucrados en la licitación y empresas chinas, algo que desde el Gobierno nacional siempre negaron públicamente.
Según trascendió, autoridades estadounidenses pusieron la lupa sobre los contactos mantenidos entre representantes de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y empresarios vinculados al grupo Loginter y Servimagnus, compañías que operan en la Hidrovía y que mantienen relaciones comerciales con firmas chinas como Huawei y Cosco.
El tema habría sido incluso planteado durante reuniones mantenidas en Estados Unidos por Santiago Caputo, asesor clave del presidente Milei. Desde el oficialismo sostuvieron que la administración nacional mantiene una postura alineada con Washington y que la eventual participación china en el negocio sería marginal.
En paralelo, la apertura de sobres económicos de la licitación también generó fuertes sospechas. Las empresas Jan de Nul y DEME, únicas participantes en la etapa final, presentaron exactamente la misma oferta económica para el peaje: 3,80 dólares por tonelada de registro neto.
El dato despertó críticas debido a que especialistas consideran inusual que dos competidores ofrezcan idénticos valores en un proceso de este tipo. Además, el esquema del pliego fijó ese monto como tarifa mínima y no máxima, algo que podría derivar en futuros incrementos de costos logísticos para exportadores y productores agropecuarios.
Distintos sectores advierten que cualquier aumento en el peaje terminaría impactando especialmente en pequeños y medianos productores, que absorberían el mayor costo del transporte hacia los puertos exportadores.
La controversia también alcanzó al plano internacional por la aparición de un supuesto documento de respaldo de Naciones Unidas cuya autenticidad ahora es investigada. La empresa brasileña DTA Engenharia, que quedó fuera del proceso licitatorio, denunció presuntas inconsistencias técnicas en informes atribuidos a la UNCTAD utilizados para justificar aspectos técnicos y económicos del pliego.
Según la presentación realizada, los documentos no contarían con firmas oficiales, códigos identificatorios ni certificaciones habituales de organismos de Naciones Unidas. Por ese motivo solicitaron una auditoría internacional para determinar si efectivamente fueron emitidos por la entidad.
Mientras tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) continúa analizando el proceso licitatorio y prepara un nuevo dictamen sobre posibles irregularidades. Aunque la Justicia rechazó por el momento frenar la licitación mediante una cautelar, el expediente judicial sigue abierto y no se descarta que avance una investigación penal contra funcionarios involucrados.
Entre los cuestionamientos también aparece una deuda cercana a los 80 millones de dólares vinculada a la concesión anterior y condiciones del pliego que, según denuncian distintos sectores, habrían sido diseñadas favoreciendo a determinadas compañías.
En medio de las críticas, el Gobierno nacional mantiene el avance de la licitación y sostiene que el nuevo esquema permitirá mejorar la competitividad logística y garantizar inversiones estratégicas sobre la principal vía de exportación del país.
