Córdoba pone mano dura: Los padres deberán pagar los costos de los operativos por falsas amenazas
Siguiendo los pasos de Santa Fe, la provincia de Córdoba anunció una medida drástica para frenar la ola de intimidaciones en las escuelas: comenzará a cobrar a los padres o tutores el costo total de los operativos policiales que se activen por amenazas de tiroteos o explosivos.
El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, fue contundente al explicar que el Estado no puede financiar con impuestos las consecuencias de lo que muchos consideran «bromas», pero que legalmente son delitos. Hasta el momento, en Córdoba ya hay 26 adolescentes imputados por amenazas calificadas por el anonimato.
Facturación «a medida» del despliegue
No habrá una tarifa fija. La Policía de Córdoba cuantificará los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención para luego intimar al pago a los responsables:
Consignas policiales: Se cobrarán las horas de guardia permanente en la puerta de los colegios.
Fuerzas especiales: En caso de amenazas de bomba, se facturará el despliegue de brigadas de explosivos, peritajes y móviles.
Cómputo de costos: El monto variará según la magnitud del despliegue y la cantidad de agentes involucrados.
«No es una travesura, es un delito»
Quinteros remarcó que para los menores de entre 16 y 18 años se notifica la imputación penal, mientras que para los menores de 16 se aplican las medidas correspondientes bajo la mirada de la justicia. «El primer anillo de contención es la familia», subrayó el ministro, haciendo énfasis en la responsabilidad de los adultos sobre el uso de celulares de sus hijos.
Con esta decisión, Córdoba busca desalentar el «efecto contagio» que se vive en varias provincias del país y trasladar el costo económico de la irresponsabilidad directamente al bolsillo de los tutores.
