Caso Jonathan Romero: Vianello confirmó que los acusados enfrentan un pedido de perpetua
El abogado Pablo Vianello brindó detalles sobre el avance de la investigación. La fiscalía ratificó la calificación de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y alevosía, dado que la víctima se encontraba en un estado de indefensión total al momento del ataque.
En un giro determinante para la causa que investiga el asesinato de Jonathan Romero, el abogado querellante Pablo Vianello confirmó que la investigación penal preparatoria se encamina hacia un juicio por jurados con la calificación más severa prevista en el Código Penal. Según el letrado, los imputados Damián Escalante y su madre Rocío Pauluk, enfrentan una posible condena a prisión perpetua.

La alevosía como agravante clave
Vianello explicó que la Fiscalía coincidió con el planteo de la querella al aplicar la figura de la alevosía. Este segundo agravante se sustenta en los resultados de la autopsia y los informes periciales, que revelaron un alto grado de alcohol en sangre en la víctima al momento de recibir los cuatro disparos. «Jonathan Romero estaba totalmente menguado en su capacidad de defensa; se encontraba en una situación de insuficiencia para repeler el ataque, lo que convierte al hecho en un acto alevosamente criminalizado», detalló el abogado en diálogo con Diario Ya.
La causa se encuentra actualmente en un 30% de su etapa investigativa, con un gran número de testimonios aún pendientes. El hecho ocurrió en el marco de una fiesta con más de una decena de asistentes, lo que genera una reacción en cadena: cada nuevo declarante aporta nombres de otras personas presentes que son citadas progresivamente.
Vianello admitió que existe un clima de temor entre los testigos, lo que ha llevado al Ministerio Público Fiscal a establecer mecanismos de seguridad y coerción para garantizar que los efectivos y civiles que tienen información relevante puedan comparecer ante la justicia.
Situación de los demás involucrados
Respecto a las otras personas que fueron detenidas inicialmente, como es el caso de un hombre de apellido Paredes, el abogado aclaró que, si bien recuperaron la libertad por tratarse de delitos excarcelables (encubrimiento), no han sido desvinculados del proceso.
«Todavía nos falta un 60% de la investigación por delante. Será la Fiscalía la que analice si surgen elementos suficientes para desvincularlos definitivamente o si también deberán sentarse en el banquillo de los acusados», concluyó Vianello, quien estima que el juicio podría llevarse a cabo antes de que finalice el año 2026.

