Amenazas escolares en Chaco: la Justicia citará a los padres y analiza cobrarles los costos de los operativos
Ante el preocupante escenario de falsas amenazas de tiroteos y bombas que ya alcanzó a 141 escuelas en la provincia, la Justicia busca endurecer su postura. Se notificarán a los progenitores de los menores involucrados, advirtiéndoles sobre responsabilidades legales y la posible carga económica por los despliegues de seguridad.
La Fiscalía N° 3, a cargo del fiscal Víctor Recio, inició una ofensiva judicial frente a la alarmante ola de intimidaciones en instituciones educativas. Con un saldo de 141 escuelas amenazadas —74 en el Área Metropolitana y 67 en el interior provincial—, las autoridades han determinado convocar formalmente a los padres de los menores identificados como responsables de estas falsas alertas.
Un problema que cuesta millones
La preocupación de las autoridades no es solo pedagógica o social, sino también financiera. Cada procedimiento de seguridad, que incluye evacuaciones, despliegue de efectivos y áreas especializadas, tiene un costo operativo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos.
Ante esta situación, la Justicia no descarta avanzar en una medida inédita y solicitar que los padres se hagan cargo de los costos de los operativos generados por las acciones de sus hijos. Según fuentes judiciales, esta decisión busca generar un impacto real y reforzar la responsabilidad adulta frente a conductas que, aunque a menudo son iniciadas por menores que no dimensionan la gravedad, paralizan el sistema educativo y movilizan recursos estatales masivos.
El caso del menor en la armería: un llamado de alerta
En paralelo, el reciente episodio ocurrido en la armería «Puerto Pirata», donde un niño de 11 años intentó comprar armas, encendió señales de alarma. El menor, inimputable por su edad, fue detectado gracias a la responsabilidad de un empleado que grabó la situación y dio aviso inmediato a la policía.
Tras la intervención de la Línea 102, se notificó a los progenitores del menor. Este caso, que pudo terminar en una tragedia, subrayó el rol fundamental de la Línea 102 en la protección de la infancia, pero también expuso la fragilidad del control familiar sobre los menores en situaciones de riesgo.
Medidas judiciales y consecuencias
Durante las citaciones, el fiscal Recio informará a los padres sobre el alcance de las consecuencias judiciales que enfrentan. La fiscalía fue clara al respecto e indicó que toda amenaza se considera real hasta que se demuestre lo contrario, por lo que cada llamado o mensaje en redes sociales activa protocolos estrictos que no pueden ser minimizados.
La Justicia busca, mediante estas notificaciones, frenar una problemática que se expandió por todo el territorio chaqueño. Las autoridades advirtieron que este tipo de «bromas» o intimidaciones pueden derivar en causas judiciales graves, dejando en claro que la responsabilidad legal sobre los menores recae directamente en sus tutores.
