Amenazas escolares en Resistencia: Imputaron a los adolescentes y advierten sanciones para los padres
La ola de psicosis y temor que afectó a las comunidades educativas de la provincia en las últimas semanas comenzó a tener sus primeras respuestas en los tribunales. La Fiscalía Penal de Investigaciones N° 3, en un trabajo conjunto con el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Penal N° 3, formalizó este lunes la imputación de los adolescentes identificados como autores de las amenazas de tiroteos contra distintos colegios.
El cargo no es menor: se les imputa el delito de intimidación pública, tipificado en el artículo 211 del Código Penal, el cual contempla escalas penales que van de los 2 a los 6 años de prisión. Para aquellos menores que por su edad son punibles, el juez ya autorizó a la fuerza policial a trasladarlos a las dependencias correspondientes para su identificación formal y la apertura de los expedientes judiciales que marcarán sus antecedentes.
Un fuerte llamado de atención a las familias
Más allá de la sanción penal a los jóvenes, la Justicia puso el foco en el entorno familiar. Tanto los adolescentes como sus padres o tutores legales serán citados al Juzgado de Menores, bajo la premisa de que la responsabilidad civil y el control de las conductas nace en el hogar. «El rol de los padres es central; la prevención arranca en la casa con límites claros y un control responsable del uso de redes sociales y dispositivos electrónicos», subrayaron desde las oficinas judiciales.
Consecuencias legales y paz social
Desde el Ministerio Público Fiscal fueron tajantes: no habrá flexibilidad ante conductas que «alteren la paz social y la seguridad escolar». El Juzgado adelantó que aplicará el Régimen Penal Juvenil caso por caso, asegurando que estos hechos tendrán consecuencias legales efectivas para frenar la tendencia de mensajes violentos.
Finalmente, las autoridades lanzaron una recomendación vital para frenar la paranoia: no difundir audios o capturas de pantalla sin verificar. Este tipo de material suele ser falso o reciclado y solo busca amplificar la alarma social. Ante cualquier dato real, se debe recurrir únicamente al 911 o a la comisaría más cercana.
