Acuerdo cerca, conflicto lejos: la condición que frena la negociación universitaria
El Gobierno nacional y las universidades públicas lograron avances significativos en la negociación por el financiamiento del sistema universitario, aunque un punto clave mantiene trabado el acuerdo: el pedido oficial para que las casas de estudio retiren la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La propuesta fue presentada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, durante una reunión con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El ofrecimiento contempla una recomposición salarial del 24,3%, destinada a compensar pérdidas acumuladas entre 2024 y 2026, que se abonaría en dos etapas: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
Además, el Ejecutivo propuso una actualización del 20% para gastos de funcionamiento, un incremento del 50% en las becas Manuel Belgrano y la creación de un fondo extraordinario de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
Desde el CIN consideraron que la oferta representa un avance importante y reconocieron que existen condiciones para alcanzar un entendimiento. Sin embargo, rechazaron retirar la demanda que reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso, cuyo impacto económico ronda los 2,5 billones de pesos.
Las universidades sostienen que la presentación judicial constituye una garantía institucional que no están dispuestas a abandonar mientras no exista una solución definitiva al conflicto presupuestario. Como alternativa, propusieron informar a la Justicia que las negociaciones continúan abiertas, sin desistir formalmente del reclamo.
La causa actualmente se encuentra en la Corte Suprema, luego de que una medida cautelar favorable a las universidades fuera suspendida tras una apelación del Estado nacional.
El conflicto por los recursos destinados a la educación superior tuvo una fuerte repercusión en todo el país y motivó movilizaciones masivas durante los últimos meses. Mientras continúan las conversaciones, ambas partes buscan una salida que permita garantizar el funcionamiento de las universidades sin judicializar aún más la disputa.
