YPF: la justicia de EE.UU. le da un respiro a Argentina en la causa por la expropiación
La jueza estadounidense Loretta Preska suspendió su propia orden para investigar cuáles son los activos de la petrolera YPF pasibles de ser embargados al Estado nacional, en el juicio por la violación del estatuto de la empresa al momento de la expropiación.
En su decisión, la jueza Preska señaló sin embargo que «Las tácticas del Republic (la República Argentina) en este litigio sí han sido de dilación y obstrucción».
Enterado de la decisión, Sebastián Maril, especialista en el caso y director de Latam Advisors, publicó en la red X: «Regalo navideño para YPF: Preska accede al pedido de la petrolera de suspender el discovery del Alter Ego (búsqueda de activos para ser embargados), mientras la empresa apela la decisión que permitió dicho discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar. Esta orden no aplica al discovery contra otros activos soberanos, que continúa vigente».
El 30 de junio de 2025, Preska -jueza de primera instancia en el Segundo Circuito de Nueva York, Estados Unidos-, ordenó a la Argentina que pagara los 16.100 millones de dólares más intereses -que suman más de US$ 2.000 millones y capitalizan a una tasa de 5,42% anual- con las acciones del Estado en YPF, equivalentes a un 51%.
La sentencia de primera instancia fue en septiembre 2023 y el fallo del tribunal de apelaciones puede publicarse en cualquier momento, muy probablemente en los primeros meses de 2026. Cualquiera sea el resultado, hay altas chances de que el caso termine en la Corte Suprema, que podría tomarse otro año más para resolverlo.
Mientras tanto, desde el año pasado Preska ordenó una investigación para acceder a comunicaciones de funcionarios y ex funcionarios, así como un rastreo de activos de empresas públicas o con fuerte participación del Estado, con la presunción de que los distintos gobiernos usan a esas firmas para hacer políticas públicas y que, por tanto, se pueden trabar embargos sobre sus bienes.
Esas averiguaciones, llamadas «discovery», buscan probar si YPF, el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Arsat y Energía Argentina (Enarsa) funcionan como ejecutores de políticas del Estado -«alter ego»-. En tal caso, se embargarían activos como el oro del BCRA, los aviones de Aerolíneas Argentinas, los satélites de Arsat u otros a determinar.
Precisamente, la nueva decisión de Preska suspende hasta que se trate la apelación la búsqueda de activos de YPF, pero no de otras compañías en las que el Estado es dueño o participa de su estructura accionaria.
Por otro lado, en carriles separados, corre la apelación a la sentencia de embargar las acciones de la petrolera como forma de garantía de pago.
Todas las medidas de Preska son a pedido de los demandantes, que administran las quiebras de las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora (que pertenecieron a la familia Eskenazi) y Eton Park, financiados por el fondo Burford Capital.
Las acciones de Burford sufrieron un golpe del 20% en los últimos dos meses, luego de que en la audiencia de apelación se instalara la duda sobre un posible cambio de fallo por parte de los magistrados en segunda instancia.
Contablemente, el valor que recuperaría Burford por el juicio es de US$ 1.500 millones, después de haberlo comprado en 2015 por apenas US$ 17 millones, e ir cediendo participación a inversores institucionales.
Burford tiene el 35% de las demandas de Petersen -unos US$ 5.075 millones sobre el total de US$ 14.500 millones- y el 82% de Eton -US$ 1.300 millones sobre US$ 1.600 millones-.
El juicio contra el Estado se originó por una supuesta violación al estatuto de YPF al momento de la intervención en abril de 2012 y expropiación al mes siguiente. La Argentina debió haber hecho una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los accionistas y no solo a Repsol, que va a ser uno de los grandes beneficiarios si se confirma el fallo de Preska, ya que es uno de los mayores acreedores de las sociedades en quiebra.
El resto de los beneficiarios son grandes bancos como el Santander, que prestó dinero para la entrada de los Eskenazi con el 25% de las acciones de YPF entre 2008 y 2010.
