Ya investigan las amenazas de muerte contra el director del Hospital 4 de Junio en Sáenz Peña
Jaime César Etchelouz denunció haber recibido audios intimidatorios atribuidos al secretario general de ATE Sáenz Peña, en el marco de un conflicto por licencias gremiales y cumplimiento de horarios laborales. La Justicia ya investiga el hecho.
El director del Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña, Jaime César Etchelouz, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de audios enviados por el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Sáenz Peña, Ricardo Luna. El hecho fue formalizado ante la Comisaría Cuarta de la ciudad y ya se encuentra bajo investigación judicial.
Según consta en la denuncia policial, los mensajes intimidatorios se produjeron en el marco de un conflicto administrativo y laboral dentro del nosocomio, vinculado a la aplicación de normas internas y al cumplimiento de los horarios de trabajo por parte de personal que no contaba con licencia gremial vigente.
De acuerdo a lo informado por Diario Chaco, el conflicto se originó a partir de una notificación emitida por el área de Recursos Humanos del hospital, en la que se instaba a determinados trabajadores a retomar sus funciones habituales ante la ausencia de habilitación formal para licencias sindicales.
En su declaración, Etchelouz afirmó que los audios enviados por Luna contenían expresiones directas y explícitas, que —según manifestó— ponían en riesgo su integridad física. El director dejó asentado que los registros de audio fueron entregados como prueba y quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.
Ante la gravedad de la situación, el funcionario solicitó formalmente una prohibición de acceso y acercamiento por parte del dirigente gremial hacia su persona, al tiempo que expresó su decisión de avanzar con acciones penales una vez que la causa judicial lo permita.
El procedimiento policial incluyó la certificación de la denuncia y la incorporación de los elementos probatorios aportados por el denunciante. Las actuaciones fueron elevadas al ámbito judicial, donde se evaluará la eventual imputación y la adopción de medidas cautelares.
El caso vuelve a poner en foco la tensión entre la gestión hospitalaria y sectores gremiales, en un contexto sensible para el sistema de salud pública, donde las diferencias administrativas derivaron en una denuncia penal por amenazas.
