Vuelve a juicio Pablo Schoklender por el fraude de “Sueños Compartidos”, plan de impacto en el Chaco
El Tribunal Oral Federal N°5 inicia el miércoles el juicio por la defraudación al Estado en el programa de viviendas impulsado junto a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En Chaco se ejecutó una parte clave del plan, hoy señalado como uno de los mayores escándalos de corrupción del kirchnerismo.
Pablo Schoklender volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. A más de cuatro décadas del parricidio que marcó su historia personal, y tras años de vinculación con el poder político, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo enfrentará desde el próximo miércoles un juicio oral y público por la presunta defraudación al Estado en el marco del programa habitacional Sueños Compartidos.
La causa, que será juzgada por el Tribunal Oral Federal N°5, investiga el destino de al menos 206 millones de pesos que no pudieron ser justificados dentro de un esquema que recibió 748 millones de pesos entre 2008 y 2011 para la construcción de viviendas sociales en distintas provincias del país.
Uno de los distritos donde el programa tuvo mayor ejecución fue el Chaco, con obras que se anunciaron como solución habitacional para sectores vulnerables y que, en muchos casos, quedaron inconclusas, paralizadas o envueltas en irregularidades administrativas. La provincia fue parte central de un entramado que hoy es señalado como un caso emblemático de corrupción bajo la fachada de políticas sociales.
Según la investigación judicial, los fondos eran girados exclusivamente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo por orden del entonces Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, sin controles eficaces sobre su ejecución. La operatoria quedó bajo la administración directa de Schoklender, quien manejaba las cuentas y contrataciones.
El programa, utilizado como estandarte propagandístico del kirchnerismo para reducir el déficit habitacional, terminó convertido en una maquinaria de desvío de fondos públicos. En el expediente consta que una parte sustancial del dinero nunca llegó a las obras comprometidas, afectando directamente a miles de familias que esperaban una vivienda digna.
El juicio comenzará en un contexto límite: los jueces deberán dictar sentencia antes de septiembre para evitar que la causa prescriba. Además de la defraudación al Estado, no se descarta que surjan derivaciones vinculadas a lavado de activos.
Pablo Schoklender y su hermano Sergio llegan a esta instancia procesados, pero en libertad. Ambos ya habían sido condenados a prisión perpetua por el asesinato de sus padres en 1981, uno de los crímenes más impactantes de la historia criminal argentina.
Ahora, lejos del drama familiar, deberán responder por una causa que golpea directamente a las políticas públicas, al uso de fondos estatales y a la confianza social. En provincias como el Chaco, donde el déficit habitacional sigue siendo una deuda estructural, el fraude de Sueños Compartidos dejó no solo causas judiciales, sino barrios a medio hacer y promesas incumplidas.
