Un fiscal investiga el intento de hackeo al presidente de la Corte Suprema

Un fiscal investiga un intento de hackeo al celular del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Este ataque, que tuvo lugar a través de una llamada dirigida a un empleado del área encargada del manejo de los teléfonos oficiales en la Corte, está siendo analizado como parte de una posible estrategia para acceder ilegalmente a información sensible.

De acuerdo con fuentes judiciales, el incidente ocurrió el lunes pasado en la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte Suprema. Este sector actúa como intermediario entre el máximo tribunal y las compañías telefónicas Claro y Movistar, responsables de proveer las líneas oficiales.

La maniobra comenzó el 5 de mayo, cuando Sebastián Matías Bustamante, empleado de la Corte, recibió una llamada en su celular personal desde un número privado. En ella, alguien se presentó como empleado de Movistar, afirmando que una línea telefónica había sido reportada como robada y solicitando bloquearla mediante la provisión de un PIN que aparecía en el sistema.

Bustamante sospechó inmediatamente de la veracidad del pedido. Mientras atendía la llamada, consultó el sistema interno de información pero no encontró reportes de líneas robadas. Además, reconoció que la voz del interlocutor no coincidía con la del representante habitual de Movistar asignado a la Corte. Al percatarse de la irregularidad, pidió al hombre una aclaración, sin obtener respuesta. La comunicación se interrumpió poco después.

Al identificar esta anomalía, Bustamante reportó lo sucedido a la Dirección General de Seguridad de la Corte, liderada por Roberto Varela, generándose una denuncia ante la División Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal nacional Santiago Vismara quedó a cargo de la investigación.

Lo que alarmó significativamente fue descubrir que el número objetivo del intento de bloqueo pertenecía al propio presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Por precaución, Rosatti ya cuenta con un nuevo número telefónico. Las autoridades creen que este incidente no fue fortuito; el objetivo era claramente acceder al celular del magistrado, quien en años recientes ha sido víctima de múltiples episodios similares.

Rosatti ya había denunciado hace más de dos años intentos previos de espionaje, durante los cuales se detectaron líneas fraudulentas registradas a su nombre. Las investigaciones resultantes desvelaron una red organizada que afectó no solo a otros jueces como Carlos Rosenkrantz, Verónica Skanatta y Ricardo Lorenzetti, sino también a políticos destacados, incluyendo al exgobernador Alberto Herrera Ahuad y su sucesor Hugo Mario Passalacqua. La trama compleja expuso un esquema ampliamente diseñado para vulnerar comunicaciones privadas.

Uno de los responsables identificados, Santiago Machado, residente en Posadas, fue procesado y enviado a juicio tras ser vinculado al caso. Machado se declaró inocente alegando que el teléfono usado en las maniobras le había sido prestado por un amigo, quien permanece prófugo. Otra persona inicialmente sospechosa, Nelly Valdés, fue detenida pero finalmente sobreseída.

Además, este caso guarda conexión con otra causa que apunta a un plan más amplio para espiar a magistrados en investigaciones clave. En esta causa se procesó al hacker Ezequiel Nuñes Piñeyro, quien confesó haber recibido instrucciones por Telegram de un usuario anónimo para modificar tarjetas SIM vinculadas a teléfonos específicos. Entre estos figuraban jueces vinculados al juicio contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad y magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal.

Las investigaciones siguen su curso buscando esclarecer hasta dónde llega esta red y cuáles son sus verdaderos objetivos.