Tras el fallo del STJ, el Gobierno supedita la suba salarial a docentes a la «disponibilidad de recursos»
Tras el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que frenó la restitución automática de la cláusula gatillo, el Ejecutivo provincial marcó su postura: no habrá actualizaciones ligadas directamente a la inflación sin previo análisis de las arcas públicas.
El Ministro de Gobierno, Julio Ferro, ratificó que cualquier recomposición salarial para el sector docente estará condicionada estrictamente a la capacidad presupuestaria de la provincia, descartando de plano el regreso del mecanismo automático que funcionaba desde 2019.
Los puntos clave del fallo (Sentencia Nº 70/26)
El dictamen del máximo tribunal, emitido este 18 de marzo, estableció un escenario de «equilibrio forzado» entre el Estado y los gremios:
El STJ determinó que la Justicia no puede imponer la cláusula gatillo, ya que el diseño de la política salarial es una facultad exclusiva de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Pese a lo anterior, el tribunal advirtió que la eliminación del mecanismo sin un reemplazo equivalente vulneró derechos laborales. Por ello, ordenó al Gobierno adoptar medidas urgentes para actualizar los sueldos.
Desde la gestión de Leandro Zdero interpretan que el fallo valida su decisión de no comprometer fondos que pongan en riesgo el equilibrio fiscal.
La postura del Ejecutivo
El ministro Ferro fue tajante al señalar que la sentencia aclara que las políticas deben ajustarse a la «realidad financiera». Bajo esta premisa, el Gobierno se compromete a buscar herramientas de recuperación del poder adquisitivo, pero siempre bajo un marco de «previsibilidad y sostenibilidad».
»El fallo es claro: no corresponde imponer un esquema automático. Avanzaremos con responsabilidad garantizando el pago de salarios», afirmó Ferro.
Un escenario abierto
La suspensión de la cláusula gatillo en 2025 abrió una brecha profunda con los gremios, quienes consideran al mecanismo como una parte estructural del salario. Aunque el Gobierno celebra que no se le imponga la restitución por vía judicial, ahora carga con la obligación legal de presentar una alternativa concreta para frenar el deterioro del sueldo docente frente a la inflación.
