Torturas, ejecuciones y represión: el expediente internacional contra el chavismo
Durante años, el régimen de Nicolás Maduro ha sido señalado por cometer graves violaciones a los derechos humanos, documentadas por la Corte Penal Internacional (CPI), la Organización de las Naciones Unidas y múltiples organismos internacionales. Las denuncias incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y persecución política sistemática contra la población civil.
Desde 2018, la CPI mantiene abierta la investigación formal “Situación Venezuela I”, centrada en crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde 2014. El proceso avanzó pese a los intentos del régimen por frenar la causa y, en marzo de 2024, la Sala de Apelaciones rechazó todos los planteos presentados por Caracas, habilitando la continuidad de la recolección de pruebas y testimonios.
Según la Fiscalía de la CPI, existen fundamentos razonables para sostener que las violaciones no fueron hechos aislados, sino parte de una política estatal ejecutada por fuerzas de seguridad y grupos progubernamentales, con conocimiento y aval de las más altas autoridades. Miles de opositores fueron detenidos sin justificación legal, sometidos a torturas físicas y psicológicas y, en numerosos casos, a violencia sexual, incluidas violaciones.
Los métodos documentados incluyen golpizas, asfixia, descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, amenazas de muerte y abusos prolongados durante la incomunicación. Estos patrones de violencia fueron señalados también por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Misión Internacional Independiente de la ONU.
Los informes anuales presentados por Michelle Bachelet como Alta Comisionada de la ONU describieron ejecuciones extrajudiciales, condiciones inhumanas de detención, impunidad judicial y el uso sistemático de la violencia sexual, especialmente contra mujeres detenidas. A ello se suman denuncias sobre centros clandestinos de detención y prácticas que evocan los métodos de las dictaduras latinoamericanas de los años setenta.
En paralelo, organizaciones como Provea y el Centro Gumilla documentaron centenares de muertes atribuidas a fuerzas de seguridad estatales, señalando la institucionalización de la violencia como herramienta de control social. Pese a los intentos del régimen por retirarse del Estatuto de Roma y evadir la jurisdicción internacional, expertos sostienen que los crímenes investigados continúan bajo competencia de la CPI.
Mientras la investigación internacional sigue su curso, las denuncias acumuladas reflejan la persistente búsqueda de justicia de las víctimas y de la sociedad venezolana ante organismos multilaterales, en un contexto marcado por la represión y la falta de respuestas efectivas a nivel interno.
