Tensión por la Ley de Discapacidad: Milei evalúa judicializarla
El Gobierno nacional mantiene una fuerte pulseada con el Congreso tras la ratificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que obliga a reasignar partidas presupuestarias hasta 2027. El presidente Javier Milei reiteró que defenderá el equilibrio fiscal y encomendó a sus funcionarios no aplicar la normativa en su totalidad.
El Senado, presidido por Victoria Villarruel, rechazó el veto presidencial y con ello la ley quedó promulgada automáticamente. Sin embargo, la reciente Decisión Administrativa 23/2025, publicada en el Boletín Oficial, no incluyó modificaciones presupuestarias en el área de discapacidad, lo que generó advertencias de la oposición sobre una posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
En la Casa Rosada se barajan dos caminos: judicializar la norma amparándose en la Ley de Administración Financiera, que exige identificar la fuente de recursos para nuevos gastos, o reglamentarla de forma que su aplicación resulte limitada. Mientras tanto, el vocero Manuel Adorni advirtió que la medida implicaría un costo adicional de 5.000 millones de dólares anuales.
Pese a esa resistencia, el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, informó al Consejo Federal de Discapacidad que un equipo ya trabaja en la reglamentación. En paralelo, organizaciones de prestadores anticipan que recurrirán a la Justicia si el Gobierno no cumple con los plazos legales y advirtieron sobre posibles denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público.
La ley garantiza derechos como la educación, la salud, la rehabilitación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, establece la actualización mensual de aranceles y otorga beneficios tributarios a prestadores. Además, redefine la discapacidad según la Convención internacional y ordena informes anuales al Congreso sobre su ejecución.
