Spagnuolo rechazó la designación de un defensor del Gobierno
El escándalo relacionado con los audios de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sigue creciendo y causando preocupación en la Casa Rosada. Según se informó, el abogado Santiago Viola, representante de La Libertad Avanza (LLA) y cercano a Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem, intentó convencer a Spagnuolo para que aceptara la designación de un defensor del Gobierno. No obstante, el exfuncionario declinó la oferta. La reunión tuvo lugar el pasado sábado, tras la difusión de audios en los que Spagnuolo describía supuestas maniobras de sobornos en la adquisición de medicamentos. En dichas grabaciones, mencionaba a Karina Milei y a su colaborador más cercano, Lule Menem, como posibles receptores de los sobornos.
La finalidad de Viola, de acuerdo a fuentes del oficialismo, era mantener abiertos los canales de comunicación y evitar que Spagnuolo se convirtiera en un «arrepentido» ante la justicia. Esta perspectiva genera inquietud en el Ejecutivo, que teme la posible aparición de más evidencias, audios o incluso videos comprometidos.
UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO Y BAJO SECRETO DE SUMARIO
La justicia avanza con la investigación liderada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Piccardi, quienes ya han confiscado dos teléfonos de Spagnuolo durante un allanamiento en Pilar. Ambos dispositivos están siendo analizados por el Ministerio Público Fiscal y podrían contener grabaciones adicionales y mensajes. El expediente está bajo secreto de sumario, aumentando el hermetismo en torno a la investigación. Los investigadores judiciales reconocen que, si se confirma el arrepentimiento de Spagnuolo, podría acelerarse la identificación de responsabilidades penales de funcionarios de alto rango. Hasta el momento, ni el presidente Javier Milei, ni Karina Milei, ni Lule Menem han realizado declaraciones públicas para desmentir o justificar las acusaciones. El único que se ha pronunciado es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se limitó a desvincular a la cúpula del Gobierno de cualquier implicación en corrupción.
