Soja sin retenciones: el Gobierno resignó USD 1.500 millones
El plan de retenciones 0% para la soja impulsado por el Gobierno logró una rápida liquidación de divisas, pero con un costo fiscal elevado. En menos de 48 horas, los exportadores declararon operaciones por USD 6.100 millones, aunque el Tesoro solo retuvo menos de la mitad de ese monto. Según estimaciones privadas, el fisco dejó de recaudar USD 1.500 millones por la quita temporal del 26% de derechos de exportación.
La medida apuntaba a reforzar las reservas del Banco Central y calmar la presión cambiaria previa a las elecciones. Sin embargo, los informes de consultoras como Invecq y LCG advierten que el impacto fue limitado. Mientras el BCRA apenas logró retener el 35% de las divisas, el Tesoro acumuló USD 1.157 millones hasta el 1° de octubre, aunque luego debió vender cerca de USD 850 millones en los primeros días del mes.
En el mercado de granos, el precio de la soja se mantuvo firme tras la eliminación de retenciones. Antes del anuncio, el productor cobraba unos USD 300 por tonelada. Con la medida, el valor subió a USD 360, y luego se estabilizó en torno a USD 354, considerado por los analistas como un “precio de equilibrio”. Actualmente se venden cerca de 400.000 toneladas diarias, el doble de lo habitual para esta época del año.
El consultor Javier Preciado Patiño explicó que, hacia el cierre de la campaña, el exportador deberá pagar un valor superior al actual, dado que “la menor disponibilidad de soja tiende a impulsar los precios”. Mientras tanto, los productores se dividen entre quienes prefieren esperar nuevas subas y quienes optan por vender ahora y dolarizarse antes de un posible cambio en el tipo de cambio tras las elecciones.
Según los cálculos de LCG, el plan deja un escenario incierto para los próximos meses: la oferta de divisas del agro podría caer a entre USD 300 y 1.000 millones mensuales, muy por debajo del promedio histórico del último trimestre, que ronda los USD 1.500 millones. Esa merma podría aumentar la presión sobre el dólar y obligar a una revisión del esquema cambiario una vez pasado octubre.
