Proponen la implementación de «Ficha Limpia» para proveedores del Estado provincial
Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo impedir que individuos condenados por delitos graves o listados como violentos puedan acceder a contratos con el Estado chaqueño.
El proyecto, impulsado por Juan José Bergia, propone que no puedan ser proveedores, contratistas ni prestadores del sector público provincial aquellas personas físicas o jurídicas que figuren en el Registro Único de Personas Violentas (RUPV) o que hayan recibido sentencia firme por delitos graves como homicidio, abuso sexual, secuestro, corrupción o crímenes de lesa humanidad.
Bergia subrayó que es crucial asegurar no solo la transparencia e idoneidad de quienes ocupan cargos públicos, sino también salvaguardar la integridad de aquellos que contratan con el Estado, gestionan fondos públicos o brindan servicios financiados por el Estado. La exclusión por antecedentes penales se extenderá durante un periodo de ocho años tras el cumplimiento de la pena. Además, en el caso de empresas, se comprobará la situación judicial de los socios o miembros del directorio que posean más del 20% del capital.
Como una condición indispensable para registrarse en el Registro de Proveedores del Estado, se requerirá un certificado de antecedentes penales y una constancia del RUPV. La Contaduría General de la Provincia será la entidad encargada de la aplicación de esta norma, sin menoscabo de las atribuciones del Ministerio de Infraestructura en materia de contrataciones.
Bergia afirmó que aquellos que han ejercido violencia no deben formar parte de las contrataciones estatales, considerándolo no solo un criterio legal, sino también un límite moral. Su intención es elevar el estándar ético de quienes tienen relación con el Estado, estableciendo que estas exclusiones no buscan replicar penas, sino crear un mínimo estándar de integridad para asociarse con el Estado.
El legislador también remarcó que si se exige integridad de quienes asumen funciones públicas, lo mismo debe aplicarse a quienes firman contratos con el Estado y se benefician de recursos públicos. Esta norma busca complementarse con las leyes 1195-A y 487-A, y llama a los municipios chaqueños a unirse para promover una política uniforme de transparencia en toda la provincia.
