Se cumplen 11 años del fallecimiento de Alberto Nisman y la causa sigue estancada

La Justicia sostiene la hipótesis de homicidio, pero aún no hay responsables identificados ni fecha de juicio.

El 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero con un disparo en la cabeza.

Nisman investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994, y había presentado días antes una denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de los responsables iraníes del ataque.

Once años después, la causa sigue abierta, con procesamientos confirmados por homicidio, como el de Diego Lagomarsino; pero sin autores materiales identificados ni juicio oral en marcha. Concretamente, la Justicia aún intenta determinar quiénes ejecutaron su supuesto asesinato, que es la hipótesis de la fiscalía que conduce Eduardo Taiano.

Para Taiano, los elementos probatorios recabados en este tiempo permiten afirmar que “Nisman fue víctima de un homicidio” y que “su muerte estuvo motivada en su laboral en la UFI-AMIA”. La causa por la muerte de Nisman se originó el mismo día del hecho en el fuero ordinario de la Capital Federal, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein.

Tras las reiteradas denuncias por los errores en la investigación, Palmaghini desplazó en marzo de 2016 a Fein de la causa y envió el expediente al fuero federal. Ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a la jueza y aseguró que se trataba de la muerte de un fiscal federal en ejercicio de sus funciones, por lo que debía intervenir dicho fuero.

Tras el fallo de la Corte, la causa quedó a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal federal Eduardo Taiano.

Más de una década después, Taiano pidió en diciembre de 2025 la declaración indagatoria de Fein por las presuntas irregularidades en la escena donde encontraron el cuerpo.

Para el fiscal, Fein habría incurrido en negligencias graves durante las primeras horas en el lugar de los hechos. Estas fallas, que incluyeron la alteración o pérdida de evidencias clave, generaron un escenario de desorden que complicó el avance de la causa.

Entre las fallas mencionadas se destacó el paso de más de 80 personas por el departamento antes de resguardar las pruebas iniciales, lo que Taiano califica como un “auténtico caos” con impacto directo en la recolección de indicios.

Taiano aseguró que la zona más afectada fue el baño donde apareció el cuerpo de Nisman. En un informe previo de agosto, el fiscal ya había señalado la “falta de diligencia” en el manejo del lugar.

Además, se le reprocha a Fein una demora excesiva en presentarse en el departamento, ingresar sin el equipo de protección necesario y tolerar el ingreso y circulación libre de personas no identificadas, cuya presencia y roles en el sitio no fueron debidamente registrados.

Además de Fein, figuran como imputados el juez Manuel de Campos, quien también estaba de turno esa noche; Sergio Berni, exviceministro de Seguridad de la Nación y otros funcionarios de la Prefectura Naval Argentina.

La causa destaca el rol que tuvieron los servicios de inteligencia y en los peritajes aún pendientes que podrían arrojar certezas sobre incógnitas del caso.

El dictamen fiscal aseguró que Nisman “mantenía fuertes vínculos con miembros jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia que colaboraban con su investigación” y destaca que en sus últimos días con vida había tenido contacto con varios de estos. Como elemento fundamental destaca la flota de abonados de la firma Nextel que mantuvo numerosas comunicaciones el domingo 18 de enero, antes de que se conociera la muerte de Nisman.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, reconvertida en Agencia Federal de Inteligencia -AFI- en 2015) jugó entonces un rol clave en la causa. Según el expediente, Antonio “Jaime” Stiuso, exdirector de Contrainteligencia, colaboró con Nisman en la causa AMIA y fue desplazado en diciembre de 2014 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien lo acusó de operaciones contra su gobierno.

Stiuso declaró en 2019 que Nisman fue asesinado por una “inteligencia paralela” vinculada a la expresidenta, citando carpetas de espionaje halladas en el Ministerio de Seguridad.

En su declaración, el exespía aseguró: “Se ve que tenían algún problema (por las carpetas halladas), los había sorprendido cuando trasciende lo de este Yosi, porque en realidad lo habían estado encubriendo. Y después lo de Alberto (Nisman), cómo manejar lo del entrecruzamiento y dirigirnos hacia la campaña oficial. Después está lo del caso nuestro, lo de la familia de Alberto, mi familia, que la señora esta que presidía el gobierno pedía informes y tenía que controlar. La campaña de desprestigio iba atada a todo esto».

Sin embargo, esa declaración no forma parte del expediente principal y se mantiene archivada en secreto por la protección de la ley de inteligencia.

Las acusaciones de encubrimiento involucran también a César Milani, exjefe del Ejército, por inteligencia paralela. En 2025, en uno de los pocos avances registrados en la causa, Taiano citó a 300 espías, supuestos miembros de la “SIDE paralela”, por activación de celulares cerca de las torres Le Parc, el edificio de lujo de Puerto Madero donde Nisman vivía y fue encontrado muerto. Documentos desclasificados apuntan a “buches” (informantes inorgánicos) pagados por información, exponiendo internas en AFI tras la muerte del fiscal. En 2020, un hackeo reveló listados de agentes, incluyendo autorizaciones para declarar en la causa.

“Todos los años, con el aniversario de la AMIA o la muerte de Nisman, vuelven sobre el mismo tema. Este impresentable fiscal, recibiendo órdenes de poderes que operan atrás, está tratando de mantener la causa de Nisman con alfileres“, dijo Milani tras conocerse la noticia en una entrevista radial.

A once años de la muerte de Nisman, la justicia argentina solo avanzó en confirmar el homicidio, pero persisten obstáculos como las irregularidades iniciales, falta de autores intelectuales y demoras en juicios.

La causa iniciada tras la denuncia de Nisman por el Memorándum con Irán, reabierta en 2023, podría esclarecer algunos motivos, pero el enigma central permanece. Cristina Kirchner está procesada y todavía se espera el juicio oral.