Se actualiza el Registro Nacional de Datos Genéticos para investigación criminal
El Gobierno nacional oficializó este viernes, mediante el Decreto 709/2025, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal. La medida, publicada en el Boletín Oficial, actualiza la normativa de 2017 y la adecúa a los avances científicos y a las reformas introducidas por la Ley 27.759, que amplió el alcance del registro más allá de los delitos sexuales.
El Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación, con la responsabilidad de administrar la base de datos, garantizar altos estándares de protección y coordinar la interoperabilidad con los registros provinciales. Hasta tanto se realice un concurso público, se designará un director interino especializado en genética forense.
El decreto resalta la relevancia del registro para esclarecer delitos, individualizar responsables y evitar la revictimización, al mismo tiempo que establece estrictos controles de confidencialidad en el tratamiento de los perfiles genéticos. Además, asegura la adecuación a normas internacionales de protección de datos, como el Convenio de Estrasburgo y su protocolo de 2018.
La Ley 26.879, sancionada en 2013, creó el registro inicialmente enfocado en delitos sexuales. Sin embargo, la reforma de 2024 extendió su uso a la investigación de homicidios, abusos, narcotráfico, robos agravados y otros crímenes graves. Los perfiles genéticos pueden provenir de escenas del crimen, imputados, condenados, cadáveres no identificados, familiares de desaparecidos, miembros de fuerzas de seguridad y ciudadanos que voluntariamente decidan aportar su ADN.
Los perfiles se almacenan en una base separada de los datos filiatorios, lo que brinda un nivel extra de protección de identidad. Solo un juez puede autorizar la decodificación en caso de coincidencia positiva. A su vez, la Comisión Nacional de Huellas Genéticas tendrá la tarea de supervisar el registro y participar en la selección de su director.
El sistema busca un doble objetivo: favorecer la resolución de causas penales y descartar inocentes. No obstante, su aplicación también implica desafíos vinculados a la privacidad y al manejo de información sensible.
