Santa Fe: liberan a trabajadores esclavizados en campos del norte
Un operativo en la localidad de Pozo Borrado, al norte de Santa Fe, permitió rescatar a 31 trabajadores rurales, incluidos dos menores de edad, que eran sometidos a explotación laboral en condiciones extremas. La investigación, encabezada por la Fiscalía Descentralizada de Rafaela a cargo del fiscal Gustavo Onel, analiza la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
El procedimiento se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE), que alertaron sobre irregularidades en el campo «Santa Ana», ubicado sobre la ruta provincial 77. Allí se hallaron 15 personas —dos de ellas adolescentes— viviendo en campamentos improvisados con toldos de nailon, sin agua potable, baños ni camas. Trabajaban de lunes a lunes, de 8 a 18, por una quincena de $300.000, de la que se les descontaba la comida.
Muchos de los trabajadores eran indocumentados, analfabetos y no contaban con medios para abandonar el lugar, lo que evidenció su alto grado de vulnerabilidad. Posteriormente, en un campo vecino identificado como “La Revancha e Isabelliana S.A.”, se detectó otro grupo de trabajadores en condiciones similares.
La Justicia ordenó allanamientos entre la noche del jueves y la mañana del viernes. El operativo fue ejecutado por la Agencia Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe. Además de rescatar a los 31 trabajadores, se secuestraron celulares y un cuaderno con anotaciones relevantes para la causa.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la intervención del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata y de la Procuraduría PROTEX, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. La Secretaría de Derechos Humanos provincial y la Municipalidad de Tostado también participaron, brindando contención y asistencia a las víctimas.
Dos personas fueron identificadas y quedaron sujetas a la investigación judicial. Se busca establecer su grado de responsabilidad en una estructura que podría encuadrarse en redes de trata laboral organizada.
