Ruta del dinero K: la Corte recibió más de US$200.000 incautados a Lázaro Báez
La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que recibió 238.720 dólares incautados al empresario Lázaro Báez, provenientes de distintas cuentas, además de poco más de 4 millones de pesos obtenidos por la subasta de dos aeronaves. La transferencia fue realizada por el Tribunal Oral Federal 4, a cargo del juez Néstor Costabel, en el marco del avance del proceso de decomiso de bienes.
La medida se inscribe en la orden judicial de ejecutar el decomiso hasta cubrir más de 60 millones de dólares, conforme a la condena dictada en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”. A comienzos de diciembre, la Corte inició formalmente el operativo para la restitución al Estado del dinero y los bienes decomisados al empresario condenado.
Para llevar adelante este proceso, el máximo tribunal dispuso la inscripción registral de los bienes bajo su titularidad, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 23 y 305 del Código Penal y el artículo 522 del Código Procesal Penal de la Nación.
De acuerdo con la sentencia dictada en abril de 2021 por el TOF 4, los montos a decomisar ascienden a aproximadamente 61,13 millones de dólares, distribuidos en distintas partidas que incluyen sumas por 54,87 millones, 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares. A ello se agregan montos en pesos argentinos por alrededor de 4,17 millones, actualizados según el índice de inflación del INDEC.
El fallo establecía que, una vez firme la condena, se debía avanzar con la ejecución de los decomisos sobre todos los bienes embargados. Esta decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y, finalmente, ratificada por la Corte Suprema en mayo de 2025, cuando los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos presentados por los condenados.
El proceso de decomiso generó controversias a partir de la emisión del Decreto 575/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo creó un Consejo de Bienes Recuperados en el ámbito del Ministerio de Justicia. La Corte había señalado previamente que la administración de estos bienes corresponde a los jueces penales, con el objetivo de preservar la independencia judicial.
En ese contexto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó una demanda al considerar que el decreto implicaba una intromisión en las competencias del Poder Judicial. En octubre, el juez federal Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de la norma, al entender que afectaba la autonomía y la autarquía presupuestaria de la Corte Suprema.
La causa conocida como la Ruta del dinero K investigó maniobras de lavado de activos realizadas entre diciembre de 2010 y abril de 2013, vinculadas principalmente a la empresa Austral Construcciones y a la financiera SGI. Según determinó la Justicia, a través de un entramado local e internacional se logró la expatriación y posterior reingreso de fondos de origen ilícito por un total de 54.872.866,69 dólares.
El tribunal también dio por acreditadas otras maniobras de lavado independientes, entre ellas la compra de un campo en Mendoza, un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, el pago de gastos vinculados a un casamiento y la adquisición de vehículos de alta gama, operaciones que formaron parte del esquema investigado y sancionado por la Justicia.
