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Revocaron el amparo de la Fundación Valdocco y ratificaron las medidas del Ministerio de Educación

La Cámara de Apelaciones Multifueros revocó el amparo presentado por la Fundación Valdocco y avaló la legalidad de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación del Chaco, al hacer lugar al recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado provincial.

De este modo, el tribunal anuló la sentencia del Juzgado Civil y Comercial N.º 21 y rechazó la acción de amparo promovida por la fundación dirigida por Juan Carlos Molina. El recurso había sido impulsado por el fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein, junto al procurador Fiscal, Iván Umansky.

El fallo, firmado por los jueces Sebastián Cóceres, Natalia Kuray y Diego Derewicki, consideró legítimos los actos administrativos mediante los cuales el Ministerio de Educación retuvo los fondos destinados a la UEGP N.º 144 y posteriormente dispuso la clausura de la institución. Según señalaron los magistrados, la medida estuvo debidamente justificada por “los múltiples incumplimientos detectados en el sumario administrativo”.

Entre las irregularidades enumeradas se destacan la falta de documentación respaldatoria en las altas docentes, la imposibilidad de verificar el domicilio real de algunos docentes —varios de ellos figuraban en registros de la provincia de Santa Cruz—, anomalías en los libros matriz, deficiencias pedagógicas, matrícula insuficiente en el Nivel Primario y la imposibilidad de constatar el funcionamiento del Nivel Superior. Además, se constató el incumplimiento de la normativa provincial vigente, en particular de las leyes N.º 710-E y 1887-E.

La Cámara sostuvo que no existieron elementos que permitan considerar la clausura como una sanción ilegal o arbitraria, y afirmó que se trató de una consecuencia necesaria ante la imposibilidad de garantizar los requisitos mínimos para el funcionamiento del servicio educativo.

En ese sentido, el tribunal remarcó que la decisión no vulnera el derecho a la educación, ya que prevé la reubicación de los estudiantes dentro del sistema educativo provincial. Asimismo, señaló que la suspensión de aportes y la clausura constituyen un ejercicio regular del poder de policía educativo, debidamente fundado en la gravedad de las irregularidades constatadas.

Cabe recordar que la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, había anticipado que el Gobierno provincial apelaría el fallo de primera instancia que había favorecido a la fundación.

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