Revés judicial para el Gobierno: habilitan la feria por la falta de alimentos en comedores
La Justicia federal determinó que el receso de enero no puede frenar el reclamo contra el Ministerio de Capital Humano. El fallo subraya que el derecho a la alimentación es de «cumplimiento inmediato» y no admite dilaciones procesales.
En un nuevo capítulo de la disputa legal por la política social del Poder Ejecutivo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 resolvió habilitar la feria judicial para tratar el incumplimiento en la entrega de mercadería a comedores comunitarios. La decisión del juez Walter Lara Correa responde a un pedido urgente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
La medida busca evitar que el receso de enero paralice las intimaciones judiciales contra la cartera que conduce Sandra Pettovello. Según el planteo de las organizaciones sociales, la demora en los plazos procesales ponía en riesgo la subsistencia de cientos de familias en barrios populares.
El foco del conflicto actual reside en 30 comedores comunitarios que aguardan ser incorporados al programa «Alimentar Comunidad». Las organizaciones advirtieron que esperar hasta febrero para retomar el expediente agravaría la situación de vulnerabilidad de niños y adultos que dependen de estos espacios.
El dictamen del Ministerio Público
La resolución contó con el respaldo del Ministerio Público Fiscal, que fue tajante en su dictamen:
Derechos Humanos: Se encuentra comprometido el derecho básico a la alimentación adecuada.
Urgencia: Cualquier demora judicial podría volver «ineficaces» las medidas cautelares ya dictadas.
Vulnerabilidad: El colectivo afectado no puede esperar los tiempos burocráticos del sistema judicial por su condición socioeconómica.
Este revés para la gestión de Javier Milei no es un hecho aislado. La política alimentaria del Gobierno acumula una serie de sentencias en contra. En noviembre 2024, condena de primera instancia al Estado por no garantizar el derecho a la alimentación; en abril 2025, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo. Actualmente, aunque el caso llegó a la Corte Suprema, rige una medida cautelar vigente que obliga a Capital Humano a no interrumpir la asistencia.
«La mayoría de los comedores existen; algunos dejaron de funcionar precisamente porque el Estado dejó de enviarles comida», señaló Leonel Bazán, abogado del CELS, tras los relevamientos ordenados por la Justicia.
Próximos pasos
Con la feria habilitada, el Gobierno deberá cumplir con los plazos de relevamiento en provincias como Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Jujuy y Catamarca. El juez Lara Correa ya ordenó correr traslado a las organizaciones para que respondan a las últimas presentaciones del Ministerio, asegurando que el expediente mantenga el movimiento procesal durante todo el mes de enero.
La Justicia ha sido clara: el Estado tiene prohibido adoptar medidas regresivas que vulneren tratados internacionales y la propia Constitución Nacional en materia de asistencia social.
