Régimen Penal Juvenil: los puntos clave del proyecto que llega al Senado
Con apoyo de aliados y bloques provinciales, el oficialismo consiguió una votación holgada en Diputados y ya activó contactos en la Cámara alta para acelerar el debate, con la mira puesta en llevar el tema al recinto el 26 de febrero.
La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno, que propone bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años y fija penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves. La iniciativa fue aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos, y ahora será girada al Senado para su tratamiento definitivo.
El oficialismo logró construir una mayoría amplia con el acompañamiento de sus aliados habituales y el respaldo parcial de bloques provinciales y federales, tras una intensa negociación que incluyó modificaciones de último momento para destrabar la votación.
El proyecto busca reemplazar el Régimen de Minoridad vigente desde 1980 y constituye la modificación más profunda en materia de responsabilidad penal adolescente de la gestión de Javier Milei.
La iniciativa establece que los menores de 14 y 15 años podrán ser penalmente responsables en casos de delitos graves, como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros.
Uno de los puntos centrales del texto es la fijación de una pena máxima de hasta 15 años de prisión, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena. Además, prevé una partida presupuestaria estimada en $23.739 millones destinada a la implementación del nuevo esquema.
Para los delitos con penas menores a 10 años, el régimen prioriza sanciones alternativas a la cárcel. Entre ellas se incluyen: amonestaciones formales, prohibición de acercamiento o contacto con la víctima, servicio comunitario, monitoreo electrónico, restricciones para concurrir a determinados lugares, prohibición de conducir vehículos y reparación integral del daño causado.
Institutos especiales y separación de adultos
El proyecto enfatiza la creación de institutos específicos para adolescentes, donde se garantice el derecho a la educación, la atención médica integral y el tratamiento de adicciones en caso de ser necesario.
Además, se establece de manera expresa que los menores no podrán compartir espacios de detención con adultos, y que todo el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia. Estos puntos fueron reforzados tras modificaciones impulsadas por la Coalición Cívica durante el debate en el recinto.
Para infracciones leves, el régimen habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil, con intervención obligatoria de las partes y el consentimiento expreso de la víctima. La intención, según el texto aprobado, es priorizar mecanismos restaurativos y evitar la judicialización innecesaria.
Otro eje clave de la reforma es el reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza: derecho a ser informadas, derecho a ser escuchadas, patrocinio jurídico, asistencia psicológica y participación en instancias relevantes del proceso.
En la versión final, se modificó el alcance de la querella en el proceso a prueba, dejando esa atribución exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal.
Un debate que continúa en el Senado
La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse con fuerza en la agenda política nacional y generó posturas contrapuestas en distintos sectores sociales. Mientras encuestas recientes muestran respaldo ciudadano a la reducción de la edad penal, organizaciones vinculadas a la defensa de derechos de la niñez alertaron sobre los riesgos de una política centrada en el endurecimiento de penas.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto será girado al Senado, donde continuará el tratamiento legislativo que definirá si la reforma del Régimen Penal Juvenil se convierte finalmente en ley.
