Reforma laboral y presión fiscal: alerta por el impacto en las cuentas públicas
La reforma laboral impulsada por el Gobierno incorpora una serie de cambios impositivos que generan preocupación por su impacto fiscal y por el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El proyecto prevé una reducción de cargas tributarias que deberá ser compensada con mayores ingresos o un ajuste adicional del gasto público.
Entre los principales puntos, la iniciativa propone una baja de las contribuciones patronales en distintos sectores. En Comercio y Servicios, la alícuota pasaría del 20,4% al 17,4%; en Industrias y PyMEs, del 18% al 15%; y en Obras Sociales, del 6% al 5%. Además, se reasigna un 3% de esas contribuciones que actualmente financian al sistema previsional para destinarlas al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Distintas consultoras privadas advirtieron que esta reasignación implica un costo fiscal relevante. Desde PxQ señalaron que el Estado “absorbe el costo del despido futuro mediante una renuncia fiscal presente”, lo que mejora el balance de las empresas, pero introduce riesgos para la sostenibilidad del sistema previsional en el mediano plazo.
La reforma también incluye una amplia batería de beneficios impositivos: exenciones en el Impuesto a las Ganancias para alquileres de vivienda y operaciones financieras; reducción de alícuotas de Ganancias para empresas; eliminación de impuestos internos a servicios, telefonía celular y satelital, seguros y bienes suntuarios; y la quita del impuesto a las entradas de cine que financiaba al INCAA, entre otros puntos.
Según estimaciones privadas, el impacto fiscal total del proyecto rondaría entre el 0,8% y el 0,83% del Producto Bruto Interno (PBI). De acuerdo con la consultora Inveq, el 0,5% corresponde a la reducción de contribuciones patronales y el resto a los incentivos tributarios, principalmente por la baja de Ganancias corporativas y la eliminación de impuestos internos.
Este escenario plantea un desafío para el plan fiscal del Ejecutivo, que proyecta para 2026 un superávit primario de 1,5% del PBI. Además, el acuerdo con el FMI establece una meta aún más exigente: pasar de un superávit primario de 1,6% del PBI en 2025 a uno de 2,2% el próximo año. En ese contexto, si la reforma se aprueba sin cambios, el Gobierno deberá profundizar el ajuste del gasto o mejorar la recaudación para cumplir los compromisos asumidos.
