Reforma laboral: el Gobierno apunta a diciembre y reclama señales del sector privado
El Gobierno nacional avanza con el objetivo de aprobar en diciembre la reforma laboral, confiado en que la nueva composición del Congreso permitirá obtener los votos necesarios para sancionar la iniciativa. La administración del presidente Javier Milei busca impulsar una “modernización del mercado de trabajo”, reduciendo costos empresariales y fomentando acuerdos más flexibles entre empleadores y trabajadores.
Según trascendió, el Poder Ejecutivo mantiene reuniones con las principales cámaras empresariales, entre ellas la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio, a las que pidió “dar señales de confianza” mediante nuevas contrataciones de personal en distintos sectores productivos.
“El Gobierno avanzará con la modernización laboral. Esperamos que ustedes den rápidas señales para aprovechar las nuevas leyes”, fue el mensaje transmitido por funcionarios a los empresarios.
Entre los puntos centrales del proyecto, se destaca la posibilidad de firmar convenios colectivos por región o sector, lo que reemplazaría los acuerdos nacionales. Además, se pondría fin a la “ultraactividad”, un principio sindical que mantiene vigentes los convenios vencidos hasta la firma de uno nuevo. Según el Ejecutivo, esta medida permitiría reducir la informalidad y favorecer el blanqueo laboral en distintos rubros.
Cambios en jornada y horas de trabajo
Aunque la reforma prevé modificaciones en la jornada laboral, el Gobierno negó que se busque extenderla a 12 horas diarias. No obstante, se analiza la implementación de un “banco de horas”, una herramienta que permitiría compensar las horas extras con días de descanso o ajustes en la carga horaria mensual, según los acuerdos entre partes.
Salarios ligados a la productividad
Otro eje de la iniciativa será la redefinición del sistema de aumentos salariales, que pasaría a considerar la productividad individual o colectiva como variable principal. El esquema mantendría un piso salarial común, pero los incrementos estarían atados al desempeño y los resultados de cada sector.
Juicios laborales y PyMEs
En materia judicial, la reforma prevé que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) puedan pagar indemnizaciones o multas por juicios laborales en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, con el fin de reducir el impacto financiero de los litigios.
El proyecto también apunta a equilibrar el sistema previsional, afectado por el crecimiento del empleo independiente —que aumentó un 42% desde 2012— frente al formal, que sólo subió un 3%. Hoy, un trabajador registrado con salario promedio de $2 millones implica un costo anual de $6,5 millones en aportes y contribuciones, mientras que un monotributista con ingresos equivalentes aporta apenas $218 mil.
Con este panorama, el Gobierno apuesta a que la reforma laboral sirva como motor para la generación de empleo formal, la simplificación de trámites y la reducción de la carga impositiva sobre la contratación, en una estrategia que combina apertura económica con flexibilización del mercado de trabajo.
