Reforma laboral: cómo funcionará el fondo para despidos
El Gobierno envió al Senado el proyecto de reforma laboral, firmado por Javier Milei, que será debatido en sesiones extraordinarias y que introduce cambios profundos en el sistema de empleo. La iniciativa apunta a reducir el poder de los sindicatos, impulsar el trabajo registrado y disminuir la llamada “industria del juicio”.
El texto, diseñado por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, busca responder a cuatro ejes: creación de empleo, aumento salarial, menor litigiosidad y baja de impuestos para mejorar la productividad. Según el Ejecutivo, el esquema actual afecta especialmente a los jóvenes, ya que casi el 50% de los menores de 35 años trabaja en la informalidad.
Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones por despido. Las empresas aportarán el 3% mensual de las remuneraciones que integran la base de aportes al SIPA, recursos que serán administrados por entidades autorizadas por la CNV. El Gobierno afirma que el sistema tendrá costo cero para empleadores y trabajadores, y que el fondo generará intereses para evitar la pérdida de valor.
La reforma también introduce medidas que recortan atribuciones sindicales, como la incorporación en los recibos de sueldo de un ítem que detalle el monto que aporta el trabajador y el empleador a los gremios. Además, las empresas dejarán de estar obligadas a actuar como agentes de retención de cuotas de afiliación; será opcional, con acuerdo individual. Esto obligará a los gremios a desarrollar sus propios sistemas de recaudación.
Durante la redacción, la Secretaría de Trabajo mantuvo reuniones semanales con la CGT, donde hubo acuerdos parciales y rechazos por motivos políticos. Pese a ello, el Ejecutivo avanzó con cambios que considera indispensables para modernizar las relaciones laborales.
El proyecto también aborda aspectos judiciales: refuerza el traspaso de los fueros laborales a la Ciudad de Buenos Aires y aclara que el aguinaldo no integra el cálculo indemnizatorio, eliminando criterios contradictorios en los tribunales. Para este punto, el Gobierno consultó al exjuez laboral Guillermo Comadira, quien respaldó la decisión por ser la práctica mayoritaria en el país.
El oficialismo sostiene que la reforma permitirá incrementar la formalización, mejorar la recaudación y preparar el terreno para futuros cambios previsionales. Aunque evita estimaciones concretas, confía en que el sector privado estará más dispuesto a registrar a su personal si la ley se aprueba.
